San Raymundo Jalpan, Oax.- En un hecho histórico, el Congreso del Estado aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Pensiones para las y los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, con el propósito de garantizar un retiro digno y mayor seguridad para sus familias.
La iniciativa de reforma fue presentada por el gobernador Salomón Jara Cruz y, después de un amplio análisis, las Comisiones Permanentes Unidas de Seguridad Pública y Protección Civil y de Administración Pública emitieron el dictamen que fue avalado con 35 votos en sesión extraordinaria.
La reforma busca modernizar el sistema de pensiones policiales, garantizar la sostenibilidad financiera del fondo y reconocer las condiciones laborales de alto riesgo de los cuerpos de seguridad, así como asegurar la protección integral a las y los beneficiarios, con miras a construir un sistema más justo, proporcional y sostenible en el tiempo.
Entre los principales cambios al Sistema de Pensiones y Prestaciones se encuentran: la Redefinición del Salario de Cotización. Ahora no solo se considera el sueldo, sino también prestaciones como apoyos alimentarios, culturales y de previsión social; el Incremento Gradual de Cuotas y Aportaciones, lo que significa un aumento gradual, donde los elementos aportarán del 2 al 9% hasta el 2032, y las instituciones del 5 al 21% hasta 2041, asegurando con ello un fondo sólido sin afectar la economía de nadie.
De igual forma se establece un Nuevo Cálculo del Salario Regulador, donde la pensión se determinará con el promedio de hasta diez años, actualizado con la inflación, garantizando que las y los policías mantengan su poder adquisitivo en el retiro; la Reconfiguración de Pensiones, quedando por retiro voluntario desde los 50 años con 20 años de servicio, cesantía en edad avanzada, pensión por invalidez o inhabilitación y pensión para beneficiarias y beneficiarios en caso de fallecimiento, con porcentajes que van del 40 al 90% del salario regulador.
Asimismo, la Protección Integral a Beneficiarios, con la inclusión de cónyuges, concubinos, hijas e hijos con discapacidad o en estudios, y madres y padres dependientes ahora están plenamente reconocidos como beneficiarios y, en caso de fallecimiento, la pensión se transfiere en su totalidad.
Se crea un Programa Especial para Policías Juveniles, quienes acumulen 30 años de servicio podrán acceder a una pensión del 75% sin importar la edad.
Y, por último, la Devolución de Cuotas, con la cual elementos con 20 años de cotización sin derecho a pensión podrán recuperar el 50% de sus cuotas, una medida que compensa a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público.
Las y los diputados coincidieron en que con esta reforma se contribuirá a garantizar que las y los policías gocen de un retiro digno.
Entre los legisladores que respaldaron la propuesta están: Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo); Antonia Natividad Díaz Jiménez, presidenta de la Mesa Directiva; Iván Osael Quiroz Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil; y Mónica Belén López Javier, presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública.
Asimismo, Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano; Dante Montaño Montero, coordinador del Partido del Trabajo (PT); Lizbeth Anaid Concha Ojeda, coordinadora del Grupo Plural; e Isaías Carranza Secundino, coordinador de Fuerza por Oaxaca.
También, Melina Hernández Sosa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Israel López Sánchez, César David Mateos Benítez, Mauro Cruz Sánchez y Vanessa Rubí Ojeda Mejía.
Asistieron a la sesión extraordinaria Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP); Iván García Álvarez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Francisco Santiago García, comisionado de la Policía Estatal; el comisario Gilberto Ángel Hernández Villarreal, jefe de Estado Mayor.
Asimismo, Geovany Vásquez Sagrero, Titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado; José Elpidio Altamirano López, director general de la Oficina de Pensiones; Jorge Arturo Rivas Fernández, director de Bomberos; Juan Antonio Cabrera Sánchez, en representación de la Secretaría de Finanzas (Sefin); Toribio López Sánchez, director general de la Policía Vial Estatal; Mariel López Martínez, subdirectora de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), e integrantes de las instituciones policiales.
