San Raymundo Jalpan, Oax.- El Congreso del Estado aprobó con 39 votos, en sesión extraordinaria, la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, alineada al Sistema Nacional Anticorrupción, por iniciativa del gobernador Salomón Jara Cruz.
Este proyecto de decreto establece las bases para coordinar políticas públicas y procedimientos destinados a prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción, dando cumplimiento al artículo 113 de la Carta Magna y al 120 de la Constitución local.
La presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Vanessa Rubí Ojeda Mejía, destacó que la aprobación de este dictamen constituye una pieza clave para consolidar el proyecto de transformación de Oaxaca que combate esta mala práctica, misma que ha obstaculizado el desarrollo social y económico, además de que desalienta la confianza de la población en las instituciones.
Agregó que esta acción permitirá un modelo funcional, con mecanismos como el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, la Plataforma Digital Estatal y los Sistemas Municipales; este último reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas, y permite una coordinación efectiva con los 570 Ayuntamientos.
La congresista Lizbeth Anaid Concha Ojeda, también integrante del órgano legislativo antes citado, subrayó la participación ciudadana dentro del nuevo sistema, pues además de integrar a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, y de los órganos de control, también incorpora de forma central a la población en la tarea colectiva de combatir esta mala conducta.
Esta Ley contempla la creación de la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción (SEAC) como organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de gestión, encargado de apoyar la operación del sistema mediante políticas públicas, mecanismos de fiscalización y plataformas tecnológicas para el intercambio y sistematización de información.
Entre sus objetivos específicos destacan: el fortalecimiento de la cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas; la fiscalización de los recursos públicos; y la implementación de sistemas electrónicos para mejorar la coordinación interinstitucional.
Ante la aprobación de esta norma, el Poder Legislativo atenderá tareas inmediatas, como la construcción de la Comisión de selección, que será integrada por ciudadanas y ciudadanos; emitirá convocatorias dirigidas a instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil especializadas en fiscalización y rendición de cuentas; y garantizará que cada proceso se realice con transparencia, mérito y probidad, procurando la prevalencia de la equidad de género.
