San Raymundo Jalpan, Oax.- Con 32 votos a favor, la LXVI Legislatura del Estado aprobó en lo general y particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado, presentado por el gobernador Salomón Jara Cruz, a través del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero.
Con lo anterior, Oaxaca se convierte en el quinto estado del país en contar con una Ley en la materia, creada con el propósito de proteger a las personas del desplazamiento arbitrario, prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, así como ayudar a visibilizar y entender la problemática.
La nueva Ley cuenta con once capítulos, 84 artículos, y su aplicación corresponderá a las autoridades del estado y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
De acuerdo con el dictamen emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Gobierno y Asuntos Agrarios, y de Derechos Humanos, la referida ordenanza se integró con la cosmovisión, opiniones, propuestas y sugerencias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También con las aportaciones de las autoridades municipales de los territorios que viven con esta situación, reuniones de consulta y el acompañamiento de organismos locales, nacionales e internacionales como las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, y de Derechos Humanos (ONUDH), así como de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Con la nueva norma se crea el Registro de Personas en Desplazamiento Forzado Interno, como una herramienta fundamental que contribuirá a identificar a las personas que se encuentran en esta situación, conocer sus necesidades y facilitar las acciones de asistencia humanitaria, de atención y soluciones duraderas.
Asimismo, se constituye el Consejo para la Prevención, Protección, Asistencia, Reparación Integral y Soluciones Duraderas del Desplazamiento Forzado Interno, órgano público colegiado e interinstitucional que operará el Programa Estatal para la Prevención, Protección, Asistencia, Atención, Reparación Integral y Soluciones Duraderas del Desplazamiento Forzado Interno, documento rector que contendrá las acciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE) y Municipios en el corto, mediano y largo plazo realizarán en la materia.
También se tipifica como delito el desplazamiento arbitrario, aquel que se da como resultado de las prácticas nocivas definidas como “toda conducta, actitudes y prácticas que afectan negativamente los derechos fundamentales como a la vida, salud, dignidad, educación, integridad física y mental”.
«Un acto de justicia»
En la sesión ordinaria, el presidente del órgano legislativo de Derechos Humanos, Isaac López López, resaltó que el aprobar este dictamen representa un acto de justicia. Refirió que este es un fenómeno mundial que afecta a las personas no solo a nivel físico, sino emocional, ya que se ven obligadas a dejar sus hogares, tierras y familiares cercanos.
Precisó que en la entidad ha sido un problema recurrente durante décadas, que afecta a distintos pueblos y comunidades indígenas como consecuencia de conflictos sociales, políticos, electorales, agrarios y religiosos que aquejan, principalmente sus territorios.
Mencionó que solo en 2019 la entidad ocupó el segundo lugar con el mayor número de personas en situación de desplazamiento forzado en el país, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
El congresista que encabeza la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, Mauro Cruz Sánchez, rememoró que en 2019 el Gobierno federal reconoció la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno en México, asumiendo con ello el compromiso de atender y respetar las garantías humanas con motivo de este problema.
En este sentido reconoció el trabajo legislativo realizado y el acompañamiento por parte de instituciones como la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) del Poder Ejecutivo.
