“¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro en esta definición que han decidido el Gobierno y el Senado de Estados Unidos para el nombramiento de grupos terroristas a los seis grupos de la delincuencia organizada que nombraron”, explicó la mandataria federal en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Precisó que la iniciativa contempla adicionar dos párrafos al artículo 40 para dejar en claro que México no aceptará ninguna intervención extranjera:
Primer párrafo: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.
Segundo párrafo: “Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.
Agregó que el artículo 19 se reformaría para establecer que: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la Ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
El 20 de febrero entró en vigor la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para que ocho organizaciones criminales fueran declaradas organizaciones terroristas, al considerar que representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de ese país.
Entre esas ocho organizaciones hay seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Carteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. Además de la banda criminal Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha de El Salvador.
“Lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer. Esta no puede ser una oportunidad, por parte de Estados Unidos, para invadir nuestra soberanía», advirtió la Presidenta de México.
«Entonces, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, aseveró la Titular del Poder Ejecutivo federal.
Respecto a la demanda que mantiene el Gobierno de México contra productores y distribuidores de armas, adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabaja en una ampliación de la demanda.
Refirió que la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA, por sus siglas inglés) de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Estados Unidos, reconoce que el 74 por ciento de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar estadounidense.
“Va a haber, además, una ampliación de esta demanda por complicidad de aquellos que vendan armas que son introducidas en nuestro país”, indicó.
Reiteró que México es un país libre, independiente, soberano, que siempre se coordinará en el marco de su Constitución y leyes.
Recordó que ambos países quieren que el consumo y tráfico de drogas disminuya, así como los índices de violencia, por lo que enfatizó en la importancia de continuar trabajando con coordinación y colaboración.
“En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo modificaciones—como lo veíamos ayer— en la Ley de Seguridad Nacional. Para que quede muy claro que hay colaboración, que hay coordinación, pero no hay injerencismo, ni subordinación”, insistió.
Al final de la conferencia matutina, la Presidenta de México firmó la iniciativa de reforma en compañía de la consejera jurídica del Ejecutivo federal Ernestina Godoy Ramos y la subsecretaria de Educación Básica Angélica Noemí Juárez Pérez.
