San Raymundo Jalpan, Oax.- El Congreso del Estado aprobó exhortar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a fortalecer la vigilancia del Proceso Electoral Ordinario 2027, a fin de garantizar que las y los aspirantes a cargos de elección popular cumplan con los requisitos de elegibilidad.
La propuesta establece que el órgano electoral deberá vigilar que las y los aspirantes, tanto de partidos políticos como independientes, no hayan sido sentenciados por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia familiar o aquellos que atenten contra la obligación alimentaria.
El acuerdo aprobado plantea la necesidad de que la verificación de los requisitos se realice de manera rigurosa y no se limite a la recepción de declaraciones o documentación presentada por las personas aspirantes y las representaciones partidistas.
En este sentido, se establece que el IEEPCO deberá fortalecer sus mecanismos de comprobación mediante el cruce de información con el Registro Civil del Estado, el Poder Judicial de Oaxaca (PJEO) y la Fiscalía General del Estado (FGEO), con el propósito de corroborar la inexistencia de sentencias firmes en los supuestos contemplados por la legislación.
La medida se sustenta en la ley 3 de 3 contra la violencia, que establece restricciones para que personas sentenciadas por determinados delitos relacionados con violencia familiar, violencia política contra las mujeres en razón de género y otros supuestos previstos constitucionalmente, así como quienes tengan la cacalidade deudores alimentarios morosos, puedan acceder a candidaturas a cargos de elección popular.
Durante la exposición de motivos se señaló que la legitimidad de las instituciones democráticas no depende únicamente de la celebración periódica de elecciones, sino también de la calidad ética, civil y legal de quienes aspiran a ejercer la representación popular.
Por ello, la vigilancia de los requisitos de elegibilidad constituye una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y proteger los derechos político-electorales.
Asimismo, se resaltó la importancia de impedir que personas con antecedentes de violencia de género accedan a espacios de toma de decisiones, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, en atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta fue impulsada por las diputadas Dennis García Gutiérrez, Jimena Yamil Arroyo Juárez, Sandra Daniela Taurino Jiménez y Haydeé Irma Reyes Soto, integrantes de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, junto con la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz.
