Oaxaca de Juárez, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Recomendación a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para que emita una disculpa pública por la falta de justicia en el caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 2 de junio de 2018 en el municipio istmeño de Juchitán.
Para la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de la víctima, el oficio del organismo encabezado por Elizabeth Lara Rodriguez «no es una muestra de justicia, es el reflejo de las instituciones que llega tarde, sin escuchar a la víctima y sin entender su papel en la defensa real de los derechos humanos».
«Una resolución que se emite fuera de tiempo no es justicia, es simulación», afirmó la Premio Nacional de Periodismo, quien acompañada por integrantes de la organización civil feminista Consorcio Oaxaca, ofreció una conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, frente al Palacio de Gobierno, la tarde del miércoles.
La periodista explicó que, debido a la dilación de la Defensoría, por la que han pasado tres titulares desde que ocurrió el hecho, los funcionarios responsables de la obstrucción de la justicia, como el ex fiscal general Rubén Vasconcelos y el ex fiscal Anticorrupción Jorge Emilio Iruegas Álvarez, ya no están en esos cargos, por lo que los efectos de esta Recomendación no los alcanza.
Impunidad, sello institucional
María del Sol Cruz Jarquín era jefa de Comunicación Social de la Secretaría de Asuntos Indígenas, entonces dirigida por el priista Francisco Javier Montero López, quien de manera irregular la envió a cubrir la campaña de su hermano Hageo a la presidencia municipal de Juchitán, durante el sexenio de Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
La comunicadora fue asesinada la madrugada del 2 de junio de 2018, en un atentado presuntamente dirigido a la segunda concejal juchiteca Pamela Terán Pineda, quien falleció en el lugar, al igual que su chofer, Adelfo Jiménez Guerra.
A siete años del triple crímen, de las investigaciones por homicidio calificado, robo agravado, delito electoral y feminicido, a las que se sumaron una por corrupción y desvío de recursos y otra por un procedimiento especial sancionador, dos fueron sobreseídas con el argumento de que ya no había más posibilidades de investigar.
«Cuando las víctimas esperan meses o años por una respuesta, la omisión también se convierte en violencia. La indiferencia institucional mata la confianza, mata la esperanza, y perpetúa la impunidad», indicó Jarquín.
«Esta demora representa una revictimización institucional, pues el tiempo transcurrido diluye la eficacia de cualquier medida de reparación o justicia», añadió.
«Una Recomendación vacía»
Nallely Tello, de la dirección colegiada de Consorcio Oaxaca, indicó que la Recomendación de la Defensoría, derivada de la queja presentada en 2019 por Jarquín Edgar, «no garantiza seguridad ni resolución», debido a que «no establece mecanismos de seguimiento ni protección real para la víctima», lo que, dijo, genera impunidad y, además, la pone en riesgo.
La activista advirtió además que la misma Defensoría reconoce la falta de evidencias para su dictamen, «debido a la renuencia de la Fiscalía para suministrar detalles» sobre el caso, «lo que pone en entredicho la posibilidad de una aceptación y cumplimiento de su Recomendación».
«Una resolución incoherente, incompleta, es solo papel, y el papel no protege, no repara, y no salva vidas», asentó.
La Recomendación de la Defensoría ordena inscribir a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, brindar atención psicológica a los deudos, ofrecer disculpas institucionales y diseñar cursos de capacitación, medidas que Consorcio consideró «paliativas, no estructurales, sin medidas de protección ni seguimiento: una Recomendación vacía«.
«El Estado vuelve a fallar, repitiendo el patrón: papeles que nombran el dolor, pero no lo reparan».
Ante este hecho, la organización exigió:
• Que la Defensoría asuma su papel con responsabilidad, no como una oficina de trámite, sino como una institución garante de derechos.
• Que las víctimas sean escuchadas, acompañadas y protegidas de manera efectiva.
• Que se incorpore la perspectiva de género, el control de convencionalidad y la debida diligencia reforzada en todas sus actuaciones.
• Que las resoluciones no sean tardías ni simbólicas, sino herramientas vivas de transformación y justicia.
En la conferencia también participaron las abogadas María de Lourdes López Velásquez y Yésica Sánchez Maya, de Consorcio Oaxaca.
