Froylán Méndez Ferrer*
Humo con aroma a copal y murmullos ancestrales que legitiman la cosmovisión de los pueblos indígenas. Era el día perfecto. En la escena, Hugo Aguilar Ortiz, el primer indígena mixteco en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, protagonizó una ceremonia inédita: “un ritual de limpia y sanación”, para sellar su toma de protesta. Ancianos de San Agustín Tlacotepec, su pueblo natal, lo “expiaban” mientras una curandera mixe invocaba a los “espíritus” para guiar su mandato hacia una “justicia pluricultural”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presente en el acto, sonreía mientras Aguilar, vestido con una guayabera blanca y un sombrero de palma, recibía un bastón de mando. Un show para la historia. Las cámaras capturaron el momento, y en redes sociales el oficialismo celebró la escena como un triunfo de la Cuarta Transformación (4T): un indígena rompiendo 168 años de exclusión desde Benito Juárez. Pero, bajo el humo del copal y los rituales, un “espíritu inocente” y una sombra persistente opacaban la celebración: las acusaciones que vinculan al ministro presidente con el asesinato de Sandra Domínguez Martínez y una red de complicidad que amenaza con desmoronar su narrativa de justicia en México.
El ritual de Aguilar fue un acto cuidadosamente orquestado para proyectar una imagen de inclusión y autenticidad indígena, pero no puede ocultar las grietas de un discurso que se desmorona ante la realidad: las acusaciones que lo conectan, junto a Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y su hermano Francisco “Paco” Regino Montes, con el caso de Sandra Domínguez, activista mixe asesinada tras denunciar un chat de acoso sexual en el INPI.
El escenario revela un sistema que prioriza la lealtad política sobre la justicia y ha sido amplificado por activistas como Joaquín Galván en X; no es solo una tragedia personal, sino un espejo de las contradicciones de la 4T: un gobierno que ondea la bandera del indigenismo mientras silencia con el yugo imperialista a quienes desafían su poder colonial.
Sandra Domínguez denunció en 2020 el chat “Sierra XXX”, un espacio donde funcionarios del INPI, como Humberto Santos Ramírez, compartían etnopornografía de mujeres ayuuk. Según Galván, Hugo Aguilar, entonces coordinador jurídico del INPI, intentó comprar el silencio de la activista con un “cheque en blanco”, a través del abogado Krhistian Mahatma Hernández García. Domínguez, fiel a su lucha, rechazó la oferta y exigió sanciones.
En octubre de 2024 Sandra Domínguez fue secuestrada junto a su esposo; sus cuerpos aparecieron en abril de 2025 en una fosa en Veracruz. La inacción de Aguilar y la defensa de Adelfo Regino, quien minimizó el chat como un asunto de “ciudadanos con WhatsApp”, sugieren una red de complicidad que protege a los suyos, incluyendo a Francisco Regino Montes, acusado de acoso sexual en 2023.
La presidencia de Aguilar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega en un momento crítico tras la reforma judicial del 2024, que prometió democratizar al Poder Judicial con elecciones populares. Sin embargo, su liderazgo está marcado por una crisis de legitimidad. Su cercanía con Morena y su historial en el INPI, donde respaldó consultas indígenas criticadas como “amañadas” por líderes yaquis como Fernando Jiménez y Agustín Molina, lo convierten en un blanco fácil para quienes ven en la reforma una estrategia para consolidar el control absoluto de Claudia Sheinbaum.
La fotografía de Hugo Aguilar con Humberto Santos en marzo de 2025, semanas antes del hallazgo del cuerpo de Domínguez, es un recordatorio de su complicidad hacia conductas que contradicen su discurso de “justicia con perspectiva de género”. Mientras tanto, las denuncias contra Francisco Regino, respaldadas por capturas de pantalla, refuerzan la percepción de un INPI que encubre la violencia de género bajo el manto del indigenismo.
El ritual indígena de Hugo Aguilar, aunque simbólico, no logra darle una “limpia espiritual” a las manchas de su historial. La ceremonia, con su copal y cánticos, fue un intento de legitimar su presidencia como un acto de justicia histórica, pero para las comunidades indígenas que enfrentan despojo y violencia, es un gesto vacío.
La presencia de Sheinbaum en el acto, aplaudiendo la narrativa de la “justicia pluricultural”, contrasta con el silencio oficial ante el asesinato de Sandra Domínguez y la impunidad en el INPI. Si Aguilar Ortiz aspira a liderar una Corte suprema mexicana que represente a los marginados, debería empezar por responder preguntas incómodas: ¿por qué no actuó contra el chat “Sierra XXX”? ¿Por qué protegió a figuras como Santos Ramírez y Francisco Regino? ¿Cómo puede prometer justicia indígena cuando las mujeres como Domínguez pagan con su vida por alzar la voz?
La Corte suprema, bajo Aguilar, está en una encrucijada: puede ser un faro de esperanza para los pueblos indígenas o un símbolo más de la hipocresía del poder. La crisis de legitimidad no se resolverá con rituales ni discursos, sino con acciones concretas, una investigación transparente sobre el asesinato de Sandra Domínguez, sanciones a los responsables del chat “Sierra XXX” y un compromiso real con los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas. Sin esto, el bastón de mando que Aguilar recibió en su toma de protesta será solo un adorno y, su presidencia, una oportunidad perdida para una justicia verdaderamente pluricultural.
México no necesita más rituales de fachada, necesita una Suprema Corte que honre a sus víctimas y desafíe al sistema político y criminal que las silencia.
*Secretario general del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO).
