Ciudad de México.- La organización civil Artículo 19 México y Centroamérica, dedicada a la defensa de la libre expresión y del derecho a la información, presentó el reporte «Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México», en el que documenta 51 casos de acoso judicial contra periodistas del 1 de enero al 31 de julio de este año.
«Los marcos normativos están siendo utilizados como herramientas de censura en México», advirtió el organismo internacional, por lo que exige a las autoridades abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías electorales, civiles, penales o administrativas.
En total, precisa el reporte, 39 periodistas –28 hombres y 11 mujeres– y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra este año. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días, en promedio, y refleja un patrón de un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
Artículo 19 ha advertido sobre esta tendencia desde 2016, en solo siete meses se ha superado el número de víctimas registradas en cualquier año anterior. «La violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas: ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales», advierte.
«Preocupa especialmente el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para combatir la discriminación estructural que enfrentan las mujeres en México. Esta figura se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder», indicó.
Los casos documentados son de 17 estados del país, lo que significa que más del 53 por ciento de las entidades federativas han registrado al menos un proceso de acoso judicial contra periodistas o medios de comunicación.
Los tres estados con más procesos iniciados contra periodistas son: Veracruz, con diez casos; Ciudad de México, con nueve, y Jalisco, con seis; siguiéndoles Campeche, Oaxaca y Puebla, con tres casos cada uno.
Acoso vía electoral, el más común
De los 51 casos de acoso judicial documentados, 26 fueron por la vía electoral (50.98%), 14 por la vía penal (27.45%), y 11 civiles (21.57%). Preocupan dos tendencias: el uso de marcos normativos electorales en las elecciones 2024 y del Poder Judicial del 2025, así como el abuso del derecho penal, el más intrusivo de los recursos legales, como una constante en México para silenciar a la prensa.
Entre los casos documentados está el de la ciudadana Karla Estrella, de Sonora, sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de publicar un tuit que cuestionaba el posible nepotismo beneficiando a la diputada Diana Karina Barreras.
Como consecuencia la legisladora interpuso una denuncia por VPEG, y Karla fue multada, obligada a disculparse durante treinta días en sus redes sociales, debió tomar un curso sobre violencia de género y además fue registrada como violentadora e infractora en el sistema electoral.
El periodista Jorge Luis González, de Campeche, enfrenta a su vez denuncias por VPEG y procesos penales (por el supuesto delito de odio) y civiles por daño moral, promovidos por la gobernadora Layda Sansores y la Dirección de Comunicación Social de ese estado. Esta caso ha generado especial preocupación por las medidas cautelares impuestas por la judicatura local, incluyendo la reciente designación de un interventor (censor) encargado de revisar sus publicaciones antes de que se hagan públicas.
Ante esta situación Artículo 19 apela a la obligación del Estado mexicano para proteger el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, consagrado en la Constitución y protegido por los tratados internacionales.
