San Raymundo Jalpan, Oax.- Con 34 votos a favor la sexagésima sexta Legislatura local aprobó en sesión extraordinaria la reforma en materia de simplificación administrativa y digitalización, remitida por el Congreso de la Unión.
De esta forma las y los legisladores de Oaxaca avalaron la modificación del párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución mexicana.
El fin es contribuir al desarrollo y bienestar de la población, para la que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios.
Asimismo deberán tener buenas prácticas regulatorias, desarrollar y fortalecer las capacidades tecnológicas públicas y demás objetivos que señale la Ley nacional en la materia.
Además, se faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Esta iniciativa fue presentada por la presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, y contribuirá a mejorar la relación entre instituciones públicas y la ciudadanía, reducir la burocracia, evitar actos de corrupción, así como dar transparencia y accesibilidad a todas las personas.
En tribuna, la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Tania Caballero Navarro, destacó la importancia de dejar atrás la burocracia porque es un obstáculo para el bienestar del pueblo.
También, dijo, un gobierno que cumple es el que da resultados, pone fin a los privilegios, es eficiente y garantiza que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan para evitar que los trámites sean una barrera que excluya a quienes menos tienen.
Al establecer un marco constitucional que modernice el aparato gubernamental se busca resolver problemáticas estructurales en la gestión pública para agilizar los procesos y procedimientos administrativos y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.
Este avance no solo responde a la evolución de los derechos fundamentales en un mundo globalizado, sino que también prioriza la protección y promoción del bien jurídico tutelado, que se refiere a la inclusión digital como herramienta indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades, la participación democrática y el desarrollo sostenible.
