San Raymundo Jalpan, Oax.- La sexagésima sexta Legislatura local aprobó con 30 votos a favor y dos en contra el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución de Oaxaca en materia del Poder Judicial del Estado, a propuesta del gobernador Salomón Jara Cruz.
Esta reforma al Poder Judicial de la entidad tiene por objeto adecuar la Constitución local para renovar a jueces, ministros y magistrados, los cuales serán electos por voto popular.
De igual manera se reduce de 28 a 16 magistraturas, la renovación de la totalidad de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), jueces de primera instancia y de los juzgados en materia laboral del Poder Judicial. La elección se realizará en el año 2027.
Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que estará integrado por tres magistradas o magistrados, quienes durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada, y podrán ser electos para un nuevo período.
Y un Órgano de Administración Judicial, el cual se integrará por tres personas que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una persona será designada por el Gobernado, otra por el Congreso del Estado, y una más por el Poder Judicial.
Con la creación de estas dos instituciones se desintegrará el Consejo de la Judicatura para garantizar mayor transparencia en los procesos de selección y evaluar mejor a los integrantes del Poder judicial.
Las elecciones de magistraturas del pleno del TSJE y del Tribunal de Disciplina serán estatales, y las elecciones de jueces de primera instancia se realizarán por distrito judicial.
Ahora bien, las magistradas y magistrados del TSJE, los jueces de primera instancia y en materia laboral durarán en su cargo nueve años. Las y los magistrados no podrán ser reelectos. Los jueces podrán ser reelectos en una ocasión de forma consecutiva.
En el caso de quienes integren el Tribunal de Disciplina durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.
En lo que respecta a la forma de selección de cargos en el Poder Judicial, esta se realizará con procesos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios.
La remuneración que perciban las y los magistrados, jueces, y demás personal del Poder Judicial, no podrá ser mayor al establecido para la gobernadora o gobernador del Estado.
Asimismo, el cargo de las magistraturas no generará derecho a jubilación y, además, con esta modificación se respetarán los derechos laborales de las y los trabajadores.
Se impone mayoría de Morena en debate
La presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Tania Caballero Navarro, destacó la importancia histórica de esta reforma, que responde, dijo, a las necesidades de la ciudadanía y fortalece los principios que guían la vida pública: no mentir, no robar y no traicionar.
“Hoy saldamos la deuda histórica para las mujeres que buscan justicia por violencia, para los campesinos que defienden su tierra, para las comunidades indígenas que luchan por la protección de sus derechos y todas aquellas personas a quienes se les fue negada la justicia por no tener dinero suficiente para comprarla, a las niñas y niños a quienes les fue arrebatado su futuro”, sentenció.
La congresista del partido Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlan, presentó una moción suspensiva, la cual no fue avalada por el Parlamento, en el sentido de que el dictamen en cuestión se quitara del orden del día, toda vez que no se le compartió en tiempo y forma el documento para su análisis y con ello emitir un voto razonado y fundamentado.
Al respecto, la legisladora Concepción Rueda Gómez, de Morena, resaltó que este documento está basado en una perspectiva intercultural, con una visión plural y que integró los aportes de personas académicas, comunidades indígenas y afromexicanas y es parte de los cambios que se impulsan desde el ámbito nacional para tener un sistema judicial democrático, austero y eficaz.
El grupo parlamentario del Partido de Trabajo (PT) presentó una reserva que no fue aprobada por mayoría absoluta, respecto al artículo 110 Ter por la desaparición de la Sala de Justicia Indígena.
“Creemos que una reforma integral al Poder Judicial es esencial para combatir la corrupción, fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, con miras de acabar con el influyentismo, la corrupción, las componendas para beneficiar a personas y perjudicar a otras”, sostuvo la congresista Irma Pineda Santiago.
A su vez, la representante popular del Grupo Plural, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, dijo que esta reforma obedece a la exigencia de contar con un sistema de impartición de justicia más democrático, cercano a la gente, vigilable y entendible, que permita conocer los razonamientos jurídicos que dan origen a las sentencias para evitar la discrecionalidad, opacidad y corrupción.
Asimismo, la diputada Elvia Gabriela Pérez López, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se declaró a favor de la iniciativa, la cual es una demanda del pueblo que requiere justicia, certeza y seguridad jurídica en los procesos judiciales, así como la imparcialidad de las y los juzgadores, obedeciendo a los nuevos retos que enfrentan las infancias, juventudes, mujeres y el pueblo de Oaxaca.
El congresista Isaac López López, de Morena, sostuvo que con esta reforma se restructurará el Poder Judicial para derrumbar el conservadurismo de la derecha. También aseguró que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están asegurados en esta propuesta, pues las y los juzgadores que surjan de la elección de 2027 deberán tener conocimientos con perspectiva intercultural, pluricultural y ser conocedores del sistema normativo indígena de Oaxaca.
El diputado priista Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional externó su voto en contra, de la misma forma que ocurrió en el Senado y la Cámara de Diputados federal, y comentó que la impartición de justicia es un acto de soberanía que tienen nuestro estado y nuestros pueblos.
La legisladora Analy Peral Vivar, de Morena, argumentó que, aunque considera que la propuesta ayudará a combatir la corrupción y el nepotismo que ha lacerado al Poder Judicial, carece de elementos que puedan garantizar la representación de los pueblos originarios.
“Es una oportunidad histórica para incorporar elementos importantes que puedan fortalecer la reforma, tomando en cuenta la pluriculturalidad del estado”, consideró.
