Tras casi seis horas de discusión en el pleno senatorial, la asamblea avaló el documento en lo particular por 67 votos a favor y 35 en contra. Previamente, el dictamen fue avalado en lo general con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, por lo que fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El pleno rechazó reservas a los artículos 3, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 18 Bis, 22, 23, 24, 41, 41 Bis, 42, 44, 47, 51 Ter, 66, y 66 Bis de la Ley del Infonavit, y a los transitorios Quinto, Octavo y Décimo Segundo del proyecto de decreto, presentadas por senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Los senadores respaldaron las modificaciones que les envió la Cámara de Diputados, con el objetivo de fortalecer el control, vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit.
De esta manera se establece que la emisión de las normas de carácter prudencial y sanas prácticas estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dada su experiencia en la materia de regulación en captación de recursos y administración de créditos, pero con un enfoque social que beneficiaría el acceso a vivienda de los trabajadores.
También se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la actividad del Infonavit, con la limitación de que los créditos de los trabajadores no serán objeto de fiscalización.
Asimismo se pone a disposición del público en general información actualizada sobre la situación que guarda el fondo de inversión que administra el Instituto, así como de los proyectos de construcción y la contratación de proveedores que lleve a cabo la empresa filial, entre otras disposiciones.
Previamente, en el apartado de posicionamientos, Blanca Judith Díaz Delgado, de Morena, destacó que “con esta reforma se resarcirá el daño de los neoliberales, porque vamos a construir viviendas y a arreglar el relajito que nos dejaron gobiernos en otro momento”. Afirmó que es una prueba del humanismo que se instauró con la Cuarta Transformación, porque habrá un acceso real a la vivienda.
Por el PAN, Gina Gerardina Campuzano González dijo que esta reforma preocupa, porque tiene el objetivo de “agarrar” los ahorros de los mexicanos. “Quieren agandallarse 2.4 billones de pesos, lo que afectará a 77 millones de familias. No tendremos ni idea de qué harán con esos ahorros, porque ni el gobierno podrá revisar a la empresa constructora que usará esos recursos”, señaló.
Del PRI, Mely Romero Celis manifestó que su grupo parlamentario está a favor de la vivienda digna y a bajo costo para los mexicanos, pero la reforma no busca eso, sino que está encaminada a tomar el control del Infonavit y el dinero de los trabajadores, ya que se elimina el “tripartismo”, que durante 53 años ha sido el sustento de esa institución.
Waldo Fernández González, del PVEM, aseguró que con esta reforma se generan los mecanismos para financiar y construir vivienda digna, además de que faculta al Infonavit para que recupere aquellas que se encuentran abandonadas, a fin rentarlas a bajo costo con un tope de pago mensual y, en caso de que la puedan adquirir, se incluyan las rentas acumuladas.
En tanto, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, señaló que con este proyecto se reafirma que el acceso a una casa propia no dependa de la especulación del mercado inmobiliario, ni de la “ambición” de grandes desarrolladoras, sino de una política pública eficiente y centrada en la justicia social. El fondo actual, dijo, es de los trabajadores y se destinará a la compra, mejora de vivienda o para su pensión.
Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, dijo que es fundamental que la figura tripartita del Infonavit, integrada por trabajadores, empresarios y gobierno se replique en la empresa filial, a efecto de generar mayor transparencia, ya que “no estamos hablando de dinero del gobierno, sino del dinero de los trabajadores”.
