Oaxaca de Juárez, Oax.- En el marco de las protestas de burócratas por la cancelación de un mil 344 bases de trabajo por parte del Congreso del Estado, la Fiscalía General dio a conocer que en este año inició 101 carpetas de investigación por el delito de tráfico de plazas y servicios en su modalidad de consumado o en grado de tentativa.
En un comunicado el organismo encargado de la procuración de justicia informó que ha logrado la judicialización de «un número importante» de esos casos y que los Juzgados en la materia impusieron la prisión preventiva como medida cautelar.
Indicó que el Código Penal del estado establece una pena de tres a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien obtenga un lucro o beneficio económico prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado, o una concesión, autorización, permiso, licencia, contrato o trámite respecto de un servicio público.
“Si el sujeto activo (responsable) es servidor público se aumentará en una mitad los mínimos y máximos de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para ejercer otro por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”, especifica.
Con el argumento de la austeridad republicana y de que fueron entregadas de manera irregular, el gobernador Salomón Jara Cruz solicitó a la LXVI Legislatura local la supresión de un mil 344 plazas administrativas otorgadas durante los sexenios de Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
Tras emitirse el decreto correspondiente y ante las protestas de los burócratas afectados, los cuales han recibido la solidaridad de sus compañeros de gremio y de otras organizaciones sociales y sindicales, el mandatario estatal ofreció una revisión caso por caso en busca de una solución al conflicto.
