Con ello la entidad se convierte en la primera del país en proponer un marco normativo que reconoce la existencia de este fenómeno, derivado un proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para establecer las obligaciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno de Oaxaca y los municipios.
Además plantea tipificar como delito el desplazamiento arbitrario y la negativa para llevar a cabo los procesos de retorno de las familias desplazadas.
El mandatario estatal destacó que la construcción de esta iniciativa que se enviará al Congreso del Estado fue encabezada por la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca (CADH) y es producto de una consulta previa e informada con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas desde el territorio.
“En Oaxaca estamos trabajando para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, afirmó; y reconoció el acompañamiento de las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
También reconoció el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), así como de la Organización Internacional para las Migraciones.
En su oportunidad la titular de la CADH Flor Estela Morales Hernández, expresó que para el Gobierno estatal el desplazamiento forzado interno forma parte de la agenda en materia de derechos humanos.
“Esta propuesta se apega a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y desplazamiento forzados interno, pero sobre todo recoge las voces, cosmovisión y sentir de los pueblos indígenas y afromexicanos”, dijo.
Agregó que la dependencia que encabeza tiene documentados 21 casos relacionados con este fenómeno, el 98 por ciento ocurridos en administraciones pasadas y cuyas causas están relacionadas con la violencia por conflictos agrarios, políticos y sociales, así como por determinación de las asambleas comunitarias.
La mayoría de las personas afectadas son personas indígenas, quienes se han visto obligadas a abandonar o huir de sus comunidades.
En su oportunidad el representante adjunto en México del ACNUR, Giovanni Lepri, expresó que en caso de aprobarse esta iniciativa, Oaxaca será la quinta en el país en contar con una ley específica de atención a este fenómeno.
“El desplazamiento forzado es la suma de diferentes violaciones que requieren una atención integral y este marco jurídico reconoce los derechos y las acciones para restituirlos”, dijo.
Asimismo, el representante adjunto en México de la ONUDH, Jesús Peña Palacios, reconoció el esfuerzo de coordinación para la construcción de esta iniciativa. “De ser aprobada representará un avance en la protección de los derechos humanos en Oaxaca, y un claro mensaje en favor de la justicia, la inclusión y la solidaridad de las personas desplazadas”, finalizó.
