Oaxaca de Juárez, Oax.- Ruth Irene Hernández Ruiz, trabajadora despedida del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural del Estado de Oaxaca (CSEIIO), dio a conocer que continúa la violencia institucional en su contra por denunciar la corrupción del director René Vásquez Castillejos.
En un oficio dirigido al gobernador Salomón Jara Cruz, Hernández Ruiz acusó al consejero jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez Sagrero, de difamación, discriminación y violencia, y solicitó al mandatario estatal una audiencia para exponerle su caso.
En el documento expone que el pasado lunes 2 de septiembre, en conferencia mañanera, Ignacio Velásquez, reportero del periódico Noticias, cuestionó al Gobernador sobre la denuncia pública que ella hizo por acoso sexual, corrupción y despido laboral injustificado en el CSEIIO.
Sin embargo, el consejero Vásquez Sagrero mintió al responder que el Gobierno estatal cumplió un laudo emitido en 2019 para que fuera reinstalada en el CSEIIO, luego de haber sido despedida en 2013. «Fui reinstalada pero en inferiores condiciones a las que venía desempeñando.
«Es una total mentira que se me reinstaló en los mismos términos que ordena el laudo», afirmó la denunciante, quien precisó que primero fue enviada al área de Control Escolar y luego al Archivo del CSEIIO, con lo que se violó el laudo.
Asimismo reiteró su acusación de corrupción en contra del director Vásquez Castillejos y del primo de éste, el director administrativo, Francisco Vásquez Pérez, entre otros funcionarios que, afirma, la hostigaron y violentaron, por lo que desde el 31 de octubre de 2023 solicitó la intervención del gobernador Jara Cruz.
«El consejero tergiversa y pretende a engañar a la sociedad en su afán de seguir dándole cobijo a un agresor y culpándome a mí de todo. No hubo ninguna consideración a mi persona: yo soy la mentirosa, inestable, conflictiva. Nada nuevo desde una postura misógina y patriarcal», indicó.
En la conferencia en mención Vásquez Sagrero refirió que, tras ser reinstalada, Hernández Ruiz fue comisionada a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), al Bachillerato Integral Comunitario (BIC) número 29 de Teotilán del Valle, al de San Pedro Ixtlahuaca y, finalmente, a la Secretaría de las Mujeres.
«Tampoco se acomoda en la Secretaría de las Mujeres. Tampoco se presentó a trabajar y, bueno, se procedió, conforme a derecho, a levantar las actas correspondientes y a iniciar un documento para procesar ante la Junta de Arbitraje, que comisiona a un actuario, que tiene fe pública; hacen la diligencia correspondiente y se le da el aviso de que termina la relación laboral sin causa imputable en este caso al patrón, que es Gobierno del Estado», informó Sagrero.
«Después de eso salen a denunciar un tema de acoso, hostigamiento, y una serie de cosas que no las pusieron desde hace un año sobre la mesa», declaró el funcionario, quien manifestó que situaciones similares se han dado en el Monte de Piedad y el Registro Civil, en referencia a las denuncias por corrupción y acoso sexual interpuestas por ex trabajadoras de estas dependencias en contra de los directivos de esas instituciones.
«Es doloroso constatar que esa es de nueva cuenta la postura como Poder Ejecutivo en el estado de Oaxaca», externó al respecto Hernández Ruiz, quien insistió en que Sagrero miente y que no tuvo condiciones de trabajo óptimas, «por el nepotismo que existe en el BIC 29 de Teotitlán del Valle».
Asimismo desmintió al consejero jurídico respecto a que fue enviada al BIC de San Pedro Ixtlahuaca, pues, dijo, en este municipio no existe ningún plantel del CSEIIO; «es una total mentira. Grave la ligereza como justifica la violencia institucional en mi contra, ahonda los agravios a mi persona y familia».
Ruth Hernández reconoció que, si bien recibió el apoyo de la titular del CADH, Flor Estela Morales Hernández, y de la ex titular y la actual secretaria de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas y Anahí Sarmiento Pérez, respectivamente, no se respetaron los acuerdos y, por quejarse ante dichas dependencias, el 28 de junio de este año 2024 fue despedida otra vez injustificadamente.
«Lamento mucho ser objeto de discriminación y violencia institucional por haber denunciado la corrupción. El mensaje que se deja en la sociedad y en mí es que lo mejor para el funcionariado es no decir nada, solapar, silenciar y ser cómplices por inacción», expresó.
«Señor gobernador requiero su intervención y una pronta reunión para mostrarle las evidencias de todo lo que narro», finalizó la ex trabajadora del CSEIIO.