Oaxaca de Juárez, Oax.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) llevó ante el Juez a dos policías municipales de Santa Lucía del Camino por la muerte del joven Diego Ignacio Paz por disparo de arma de fuego durante un operativo Alcoholímetro y logró la imputación por el delito de ejecución extrajudicial.
La Fiscalía realizó los trabajos jurídicos necesarios para aplicar la reforma realizada al Artículo 292 Quarter del Código Penal del Estado de Oaxaca, lo que permitió obtener el resultado favorable en la audiencia de control de detención y comunicación de imputación que se desarrolló este miércoles 4 de septiembre.
Con la imputación de los dos elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, identificados como A.R.P. y J. J. S. C., es la primera vez en Oaxaca y el primer caso en México en que se inicia una investigación ministerial por ejecución extrajudicial, pues es un delito que fue tipificado apenas en junio de 2024, luego de pasar por el Congreso local.
A través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto se han realizado los actos de investigación gracias a los cuales se han reunido las pruebas suficientes para realizar la imputación de este caso.
En el proceso de procuración de justicia se prioriza la aplicación de la perspectiva de derechos humanos; por ello, dentro de la integración de la carpeta y la imputación, se implementaron las directrices del Protocolo de Minnesota como criterio orientador ante la sospecha fundada de que existió un uso ilegal de la fuerza pública.
Por mandato constitucional, la Fiscalía de Oaxaca está obligada a investigar de forma pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial, transparente y con apego a los derechos humanos toda muerte potencialmente ilícita en la que exista una sospecha fundada de la intervención de un agente del Estado.
La FGEO tiene la responsabilidad de brindar a las víctimas directas e indirectas un proceso de procuración de justicia adecuado, que permita acceder a la reparación del daño, así como garantizar su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.
Este derecho es transversal para la comunidad, la cual también sufre los efectos de este tipo de conductas, pues se vulnera la confianza en las autoridades, lo que hace necesario acciones que permitan una adecuada rendición de cuentas.
Los hechos del caso ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 31 de agosto cuando Diego y su amigo Josué R. M. viajaban en un automóvil marca Audi y llegaron al punto de verificación del Alcoholímetro instalado en la Avenida Lázaro Cárdenas, suceso a partir del cual derivaron las conductas tipificadas como delitos.
Al momento de su muerte Diego tenía 22 años de edad y estudiaba la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac.
La Fiscalía refrenda su compromiso de trabajar de forma objetiva, expedita e imparcial para que este hecho no quede impune, de la misma manera en que se brinda la atención en todos los casos de delitos de alto impacto, para establecer la verdad jurídica de los hechos y que las víctimas directas e indirectas tengan pleno acceso a la justicia.
