Oaxaca de Juárez, Oax.- Once comunidades de seis municipios de la región de Valles Centrales, integrantes del Frente «No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos», se ampararon contra la operación de empresas mineras en su territorio, debido a la contaminación que estas generan.
En conferencia de prensa, frente al templo de Santo Domingo, autoridades agrarias y municipales de estas localidades denunciaron el otorgamiento de nuevas concesiones mineras sin el consenso de los pueblos, y exigieron al Juzgado Primero de Distrito la revisión a fondo de las mismas.
Los municipios amparados son: Magdalena Ocotlán, San Juan Coatecas Altas, San Dionisio Ocotepec, San Martín de los Cansecos y San Nicolás Yaxe, así como las comunidades de Monte del Toro, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Cerro de las Huertas y El Llano Sitio Santiago, pertenecientes a Ejutla de Crespo.
«A través de nuestras asambleas comunitarias, desde 2011 determinamos que no permitiremos la expansión del proyecto minero ‘San José’ -de la empresa Cuzcatlán, con sede en San José del Progreso-, por lo que recurrimos al Gobierno estatal y federal en reiteradas ocasiones para comunicar nuestra decisión», refirieron.
«Lejos de reconocer, respetar y garantizar nuestros derechos, ambos niveles de gobierno intentaron promover la minería en nuestros territorios, violentando nuestro derecho a la libre determinación», advirtieron los afectados.
La situación más grave se dio bajo el mandato de María Luisa Albores, a cargo de la Semarnat, y de José Carlos Fuentes, a cargo de la Segob-Oaxaca, quienes en pleno proceso de diálogo con las comunidades determinaron otorgar diez años de explotación comercial a favor de la empresa minera y promover reuniones con directivos para negociar», expusieron.
Las autoridades agrarias y municipales manifestaron que, ante la negligencia y omisión del Gobierno federal, decidieron recurrir a las autoridades judiciales, a través de un amparo presentado el 5 de diciembre de 2023, para solicitar la cancelación de las concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento en su territorio.
«El juez Emmanuel Hernández Alva, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, determinó la suspensión de plano a las once comunidades que firmamos el amparo: ‘para que las autoridades responsables se abstengan de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad y posesión de los terrenos de régimen agrario a las poblaciones de mérito, esto es, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que actualmente guardan y no se les prive o despoje de su territorio”, informaron.
Con este mandato, indicaron, la Compañía Minera Cuzcatlán y autoridades estatales y federales no deben entrar a su territorio para promover ningún proyecto minero, ya que las concesiones mineras entregadas por el Gobierno federal se encuentran en revisión por el sistema de justicia mexicano.
Acuerdos de asamblea:
- Los territorios indígenas de Valles Centrales nos encontramos en alerta máxima frente a cualquier proyecto extractivo, nuestra defensa ha sido en todo momento legal, pacífica y legítima.
- Exigimos al Juzgado Primero de Distrito del estado de Oaxaca garantizar nuestros derechos territoriales, toda vez que la compañía Minera Cuzcatlán y el Gobierno federal vulneraron los mismos desde la imposición del proyecto minero “San José” y el otorgamiento de concesiones mineras y permisos ambientales sin nuestro consentimiento.
- A los Gobiernos estatal y federal pedimos: se respete y acate la suspensión de plano y establezcan medidas para el cierre definitivo del proyecto minero y la operación de la empresa minera en los Valles Centrales.
- A la Compañía Minera Cuzcatlán (filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines) decimos: la imposición del proyecto minero «San José» y la pretensión de expandir el mismo ha violentado de manera sistemática nuestros derechos territoriales. Nuestra decisión es contundente: Aquí decimos: «¡Sí a la Vida, No a la Minería!».
Finalmente los manifestantes agradecieron el apoyo permanente de la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental «Berta Cáceres» de la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, y a la organización Litigio Estratégico Indígena por el apoyo técnico recibido para integrar dichos amparos y respetar la voz de las comunidades firmantes.
