Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones. El dictamen reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF, que prohíbe la creación y operación de mecanismos mercantiles que no se estén estipulados dentro del ordenamiento.
Entre los instrumentos a los que se refiere el proyecto seis pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se enfocan al diseño y elaboración de programas para la impartición de justicia, administración de remanentes presupuestales, divulgación de resoluciones, apoyo médico a servidores públicos, pago de pensiones a mandos medios y personal operativo, y pago de pensiones complementarias a mandos superiores.
Otro grupo de fondos se enfoca a la atención del Consejo de la Judicatura de la Federación, con mecanismos que comprenden desde la asignación de una vivienda, servicios médicos, remodelación de órganos jurisdiccionales y su equipamiento, además de la capacitación del personal; este apartado suma seis instrumentos.
Por último, el Tribunal Electoral del PJF comprendía dos fideicomisos, orientados a apoyos médicos para servidores que tienen menores ingresos y la cooperación entre agencias españolas y el TEPJF.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador morenista José Narro Céspedes dio a conocer que, del total de los fondos y fideicomisos, seis fueron creados en el Consejo de la Judicatura Federal, seis en la SCJN, y dos en el TEPJF. Informó que hasta el segundo trimestre del 2023 los fondos contaban con un patrimonio total de aproximadamente 21 mil 500 millones de pesos, los cuales serán devueltos a la Tesorería de la Federación para su uso en temas fundamentales para la nación.
El senador panista Damián Zepeda Vidales indicó a su vez que la justicia en México debe ser fortalecida, en lugar de debilitada. Advirtió que el presupuesto federal es de nueve billones de pesos, mientras que el del Poder Judicial es de 84 mil millones; es decir, menos del uno por ciento.
Zepeda Vidales indicó que del total de los recursos del Poder Judicial 15 mil millones se otorgarían a los fideicomisos. Rechazó que este sea el gran programa de combate o de austeridad del país.
La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota calificó la extinción como un atentado contra la estabilidad de la República, además de una irresponsabilidad, dado que parte de los fideicomisos tienen la función de cumplir con obligaciones patronales laborales y de seguridad social para los escalafones más bajos del Poder Judicial. “Ninguno de los fideicomisos benefician a los ministros”, declaró.
En ese sentido recalcó que la extinción afecta directamente a 55 mil trabajadores de todas las categorías y múltiples funciones. Asimismo denotó que las afectaciones impactan en el cumplimiento adquirido con tratados internacionales, específicamente el Capítulo 23 del T-MEC, que puntualiza el compromiso de inversión para la implementación de la reforma laboral.
En tribuna, el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la minuta es ilegal, por su aplicación a través de la vía legislativa, ya que se pretende extinguir contratos privados constituidos conforme al marco legal. Mencionó que los contratos tienen en su objeto el mejoramiento de las instalaciones de los propios tribunales, de los inmuebles propiedad del Poder Judicial para el mejor funcionamiento.
Calificó a la reforma de punitiva, así como un castigo para someter a un poder autónomo e independiente. Por otro lado informó que la Auditoría Superior de la Federación menciona que los fideicomisos y fondos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad.
El senador Germán Martínez Cázares (Grupo Plural) reconoció la importancia de una reforma al Poder Judicial; sin embargo no los relacionados a los trabajadores de la organización. Aseveró que los fideicomisos no son un privilegio, sino protecciones para personas que laboran en una instancia que imparte justicia, y que se apegan a compromisos internacionales.
Martínez Cázares indicó que el Grupo Plural propuso extinguir tres fondos del Poder Judicial relacionados a la infraestructura, los cuales sumarían unos seis mil 500 millones pesos, pero se negaron a tocar aquellos enfocados al cumplimiento de derechos laborales.
Al término de la discusión el dictamen fue turnado al Ejecutivo para los efectos del artículo 72 constitucional, que se refiere a la publicación de leyes o decretos aprobados por el Congreso de la Unión.
