El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, encabezado por Yadira Medina Alcántara, concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP) para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) frene la distribución de los libros de texto gratuitos.
La sentencia ordena a la SEP y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) coordinarse con los estados para implementar los programas educativos; “establecerán una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023”, precisó.
En este sentido la SEP debe realizar ajustes presupuestales que garanticen la entrega oportuna, virtual o física, de esos materiales educativos. Sobre el tema se advirtió que el plan de estudios debió ser aprobado y luego publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos oficiales de cada entidad, lo que apenas se dio el pasado 15 de agosto.
Al respecto, la titular de la SEP, Leticia Ramírez, informó que impugnará la resolución de la juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Precisó que fue notificada la sentencia, misma que no se encuentra firme, por lo que interpondrá el recurso legal correspondiente.
Asimismo advirtió que no existe impedimento legal alguno para que todas las autoridades educativas locales, excepto en Chihuahua y Coahuila, garanticen la entrega oportuna de los libros de textos gratuitos, porque es obligación constitucional y quienes no lo hagan estarán violando la Constitución.
Informó que a la fecha se han repartido 98 millones de libros en escuelas del país, y defendió la propuesta pedagógica, en el marco de los Talleres Intensivos de Formación Continua para Docentes que se realizan del 21 al 25 de agosto en 228 mil 804 escuelas de educación básica del país y en los que participan más de un millón 500 mil maestros.
Hasta ahora son ocho estados los que frenaron la distribución de los textos, como son: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y Nuevo León; los dos primeros ganaron amparos federales para lograr su cometido.
