Oaxaca de Juárez, Oax.- Dos policías municipales de Santa Lucía del Camino fueron vinculados a proceso por la ejecución extrajudicial de Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, de 22 años de edad, durante un operativo Alcoholímetro.
De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado 31 de agosto cuando Diego y su amigo Josué R. M. circulaban en un automóvil marca Audi en la Avenida Lázaro Cárdenas de ese municipio de la región de Valles Centrales.
En ese lugar había un punto de revisión de Alcoholímetro, implementado por el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, a partir del cual derivaron los sucesos en los que Diego perdió la vida debido a una agresión policiaca con disparos de arma de fuego.
La FGEO realizó las investigaciones correspondientes, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, gracias a las cuales fue posible la detención de los dos imputados, quienes fueron presentados ante el Juez de la causa.
Tras llevarlos a audiencia, con base en los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de A. R. P. y J. J. S. C., por el delito de ejecución extrajudicial, además de que impuso la medida cautelar de prisión preventiva, otorgando cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
En este caso en particular la FGEO aplica el Protocolo de Minnesota, esto con el objetivo de garantizar una investigación exhaustiva, imparcial, independiente y transparente.
Para ello colabora un equipo multidisciplinario y especializado que hace posible realizar labores integrales que garanticen que las víctimas directas e indirectas tengan acceso a la verdad jurídica de los hechos.
La Fiscalía reitera la importancia de aplicar la perspectiva de derechos humanos, que garantiza un adecuado proceso de procuración de justicia, pues una investigación eficaz de un caso en el que se presentó una muerte ilícita por un posible uso ilegal de la fuerza funciona como un mecanismo de rendición de cuentas que permite a las víctimas directas e indirectas, así como a la sociedad, acceder a una justicia restaurativa a través de garantizar plenamente el derecho a la verdad, la memoria y la reparación.
La Fiscalía lleva a cabo investigaciones exhaustivas para que este hecho no quede impune, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.
