Ciudad de México.- Por iniciativa del diputado morenista Ricardo Monreal Ávila, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada de 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, una reforma para anular elecciones cuando se acredite intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.
El dictamen adiciona el inciso d) a la base VI del artículo 41 de la Constitución mexicana, y fue remitido al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
En lo particular se aceptó la reserva del diputado morenista Jorge Luis Sánchez Reyes para que la redacción quede: “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Sánchez Reyes argumentó que, «más allá de los partidos políticos está la patria, la nación, y se debe entender que la soberanía recae en el pueblo, y en México no permitimos injerencia extranjera.
«La soberanía debe ser absoluta, indivisible y centralizada, y el soberano tiene autoridad total para mantener el orden interno y proteger al Estado de amenazas externas”.
El diputado Monreal Ávila indicó que “no hay ninguna intención de desvirtuar el precepto fundamental de no permitir que gobiernos extranjeros o que cualquier agente del exterior intervenga en nuestros procesos comiciales. Ese es el fin, ese es el fondo. Se pretende acuñar en la Constitución y que evite que cualquier intervención extranjera o de agentes extranjeros puedan ser válidas en el país”.
El diputado petista Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja consideró que esa reserva es categórica, clara y con una técnica legislativa constitucional precisa, al establecer que cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extrajera que influyan en los resultados de los procesos electorales se declarará la nulidad de una elección, lo cual permitirá garantizar la soberanía y la autodeterminación.
El diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabe comentó que la democracia mexicana no debe quedar expuesta a gobiernos extranjeros, poderes económicos internacionales, plataformas digitales manipuladoras o campañas de desinformación para alterar la voluntad popular.
El diputado priista César Alejandro Domínguez Domínguez advirtió que con esta propuesta ahora se tendrá que adecuar la ley reglamentaria o una legislación secundaria. “Se está descuidando la soberanía interna, un tema al que no le han querido entrar”, explicó.
El diputado morenista Arturo Ávila Anaya mencionó que desde 2025 el artículo 40 de la Constitución ya contemplaba como una causal de nulidad la injerencia del extranjero.
PAN: Reforma lesiva y de censura
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández consideró a esta reforma como una «simulación, ambigua, sin límites ni conceptos, discrecional, indeterminada y selectiva. Sigue siendo lesiva y censura la libertad de expresión”.
Su compañero de bancada, Ernesto Sánchez Rodríguez, señaló que el verdadero riesgo de la democracia es la intervención del crimen organizado en las elecciones de todos los estados. “Nos piden anular elecciones si hay intervención extranjera, pero la pregunta es clara: cuándo vamos a legislar para que el crimen organizado no esté en las elecciones y trabajar para que esos delincuentes estén en la cárcel”.
Fijan límite de armonización legal
En el régimen transitorio el dictamen señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este decreto, antes del 5 de junio de 2026.
Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el decreto.
El objetivo es fortalecer la protección constitucional de la soberanía nacional y la independencia política del Estado mexicano frente a posibles actos de injerencia externa; garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, auténticas y ajenas a cualquier influencia extranjera, y reforzar el sistema de nulidades electorales mediante mecanismos orientados a preservar la legitimidad democrática y la libre manifestación de la voluntad popular.
Expone que la injerencia extranjera en procesos democráticos se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la protección de la soberanía de los Estados modernos.
Refiere que organismos internacionales han advertido que dichas intervenciones pueden manifestarse mediante campañas de desinformación, manipulación digital, corrupción, espionaje, ciberataques, y la influencia manipuladora en la participación o las opiniones de la ciudadanía, a través de campañas y manipulación en línea.
Por ello, la Comisión de Puntos Constitucionales coincide con el promovente en que resulta necesario fortalecer los mecanismos constitucionales de protección electoral frente a posibles actos de intervención extranjera que puedan comprometer la autenticidad del sufragio, la equidad de la contienda y la legitimidad democrática del Estado mexicano.
Especifica que la intervención extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado mexicano.
Indica que la ausencia de una causal específica dentro del texto constitucional genera una laguna normativa que podría dificultar la actuación pronta y eficaz de las autoridades jurisdiccionales electorales frente a actos de injerencia externa que afecten la voluntad popular o la soberanía nacional.
