San Raymundo Jalpan, Oax.- Más de 20 millones de toneladas de alimentos son desperdiciadas cada año en México, mientras el 27 por ciento de la población enfrenta carencia alimentaria. Ante esta problemática social, los diputados Isaías Carranza Secundino y Raynel Ramírez Mijangos impulsan una Ley para reducir el desperdicio y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada.
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 34 por ciento de la producción de alimentos en el país es desperdiciada, mientras el 27.9 por ciento de la población pasa hambre, según registro del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval 2022).
Por ello, los legisladores Isaías Carranza Secundino, de Fuerza por Oaxaca, y Raynel Ramírez Mijangos, de Morena, propusieron adicionar las fracciones XXIV y XXV al artículo 16 de la Ley para el Bienestar y Desarrollo Social del Estado, a fin de fomentar la conciencia social y empresarial mediante campañas de información sobre la donación de alimentos
Asimismo, prevén fortalecer la labor de organizaciones públicas, sociales y privadas sin fines de lucro que recuperan y distribuyen alimentos aptos para el consumo humano y vincularlas con los sectores productivos y comerciales para facilitar la donación de excedentes alimentarios y dirigirlos a personas en situación de vulnerabilidad.
Con ello se pretende consolidar un sistema más eficiente de aprovechamiento de alimentos, reduciendo pérdidas y ampliando su impacto social.
Entre los ejes centrales de la reforma se destaca la concientización sobre la importancia de la donación de alimentos, el fortalecimiento institucional de organizaciones dedicadas a la recuperación de alimentos y la integración de estas acciones en una estrategia de economía circular que contribuya a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los legisladores señalaron que esta propuesta se alinea con los principios de justicia social y combate a la pobreza del Gobierno del Estado, así como con políticas públicas de sostenibilidad y combate a las desigualdades implementadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Bienestar, Tequio e Inclusión y Fomento Cooperativo para su análisis y dictamen.
