San Raymundo Jalpan, Oax.- El Congreso local aprobó en sesión ordinaria el dictamen derivado de la iniciativa que presentó el gobernador Salomón Jara Cruz, por el que se expide la nueva Ley de Expropiación del Estado.
El objetivo era sustituir el marco jurídico que estaba vigente desde 1950, a fin de armonizarlo con los estándares actuales en materia de derechos humanos, debido proceso y seguridad jurídica.
La presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública, Mónica Belén López Javier, explicó que esta nueva legislación responde a la necesidad de actualizar un ordenamiento que permaneció sin reformas durante más de siete décadas, lo que lo mantenía desfasado frente a la realidad social, jurídica e institucional de la entidad.
Detalló que la nueva Ley establece un marco normativo moderno que regula con precisión las causas de utilidad pública, define procedimientos administrativos claros y garantiza el respeto pleno a los derechos de las personas.
Subrayó que su diseño incorpora los avances constitucionales derivados de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, así como criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que permite consolidar un esquema en el que la actuación del Estado se rige por principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad.
Asimismo, destacó que el nuevo ordenamiento contempla etapas definidas dentro del procedimiento de expropiación, asegura el derecho de audiencia, permite la presentación de pruebas y alegatos, fortalece los mecanismos de indemnización mediante criterios objetivos que brindan certeza a las personas afectadas, y se mejora la coordinación con instancias registrales y catastrales para garantizar claridad en la situación jurídica de los bienes.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Tania Caballero Navarro, indicó que esta Ley es un instrumento para recuperar bienes en favor del interés público y ampliar el acceso de la ciudadanía a espacios y servicios de salud y educativos, entre otros.
Indicó que la expropiación no busca despojar a las familias, sino restituir derechos y generar beneficios colectivos, como ocurrió con el Parque Primavera.
La nueva legislación establece un marco actualizado que incorpora nuevas causas de utilidad pública acordes con la realidad actual, y delimita con claridad las etapas del procedimiento mediante la diferenciación entre el Decreto de Utilidad Pública y el Decreto de Afectación.
Asimismo, garantiza el debido proceso con mecanismos de defensa para el respeto de los derechos de las personas, regula la ocupación en casos de urgencia bajo criterios estrictos, y fortalece los esquemas de indemnización con metodologías objetivas, contribuyendo a un equilibrio entre el interés público y el respeto al derecho de propiedad.
