Oaxaca de Juárez, Oax.- En México el ejercicio periodístico enfrenta una amenaza creciente y peligrosa: la criminalización desde el poder público, advirtió el gremio periodístico de Oaxaca, en el Día Nacional del Periodista -que se conmemora cada 4 de enero en honor a Manuel Caballero-.
Desde el Hemiciclo a Juárez, en el parque «El Llano», el Foro Nacional de Comunicadores, Capítulo Oaxaca, se pronunció en contra de la censura y el uso del poder público para castigar la labor informativa, y exigió a las autoridades respeto, garantías y libertad para ejercer el periodismo en el país.

El periodista Humberto Cruz Matías, del Comité Directivo, destacó que un Estado democrático se construye con respeto a los derechos humanos y, de manera central, a la libertad de expresión y al derecho a la información. Sin estos derechos no hay democracia, no hay rendición de cuentas y no hay justicia, dijo.
Por tanto, indicó, ningún servidor público, de ningún nivel de gobierno, debe utilizar el poder del Estado, las leyes, los recursos públicos o las instituciones para perseguir, intimidar, castigar o silenciar a periodistas, comunicadores o medios de comunicación por ejercer su trabajo.
“El periodismo no es un privilegio. El periodismo no es una concesión del poder. El periodismo es un derecho de la sociedad”, ilustró. Y precisó que el ejercicio periodístico no solo informa, defiende derechos humanos, da voz a quienes han sido históricamente ignorados, vigila al poder y funciona como una contraloría social indispensable para el equilibrio de las instituciones públicas.
Por ello, advirtió, criminalizar al periodismo es debilitar al estado de derecho. Usar la ley para castigar la crítica es una forma de censura. Intimidar a la prensa es una señal de retroceso democrático.
Casos graves
El presidente del Foro Nacional de Periodistas, Capítulo Oaxaca, Luis Ramírez, expuso que los casos de Veracruz y Campeche, así como los intentos de imponer leyes mordaza en Puebla, muestran un patrón gubernamental preocupante: la intolerancia a la crítica y el uso del aparato legal para inhibir la labor periodística.
En Veracruz, el periodista Rafael León Segovia fue acusado por la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre de terrorismo y encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, en presunta represalia por una de sus transmisiones en vivo.
El pasado 30 de diciembre un juez descartó el delito de terrorismo, pero resolvió vincular a proceso a León por el segundo cargo, y le impuso arraigo domiciliario.
En Campeche, el periodista Jorge González Valdez fue acusado por la gobernadora Layda Sansores de «incitar al odio y a la violencia» en su contra, y la juez Ana Maribel de Atocha Huitz May ordenó la «intervención judicial de la plataforma digital» Tribuna que el comunicador dirigía, le prohibió opinar o publicar sobre Sansores y le impuso un censor oficial.
«Estos hechos envían un mensaje preocupante: que informar puede tener consecuencias penales, y esto es inaceptable en un país democrático. Por eso, desde este Hemiciclo a Juárez, alzamos la voz para exigir: ¡Alto a la criminalización del ejercicio periodístico! ¡Basta de persecución, intimidación y agresiones contra periodistas!», exigió el Foro Nacional de Comunicadores.
Llamado a la ONU y a la unidad gremial
El periodista Humberto Cruz demandó la intervención urgente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organizaciónde las Naciones (ONU), de la Misión de Observación de la ONU en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para atender esta situación que pone en riesgo el derecho de la sociedad mexicana a estar informada.
«Al gremio periodístico de México le decimos con firmeza: cuando atacan a una o a uno, nos atacan a todos. Cuando se persigue a un periodista en cualquier estado del país, se agrede a todo el gremio y a toda la sociedad», advirtió.
«Lo decimos con claridad: El periodismo no es delito. La crítica no es delito. Informar no es delito», enfatizó. Y llamó a la unidad del gremio, a no normalizar la persecución, a ejercer la solidaridad activa y a defender colectivamente la libertad de expresión, sin importar regiones, plataformas o líneas editoriales.
Autoritarismo latente
El periodista Raymundo Ibáñez del Castillo señaló que cuando el poder busca callar a la prensa, no solo ataca a un periodista, ataca el derecho de la sociedad a saber, debilita el estado de derecho y erosiona la democracia. “Criminalizar el periodismo es una forma de autoritarismo”, afirmó.
El periodista Alfredo Martínez de Aguilar consideró que los actos de criminalización contra periodistas buscan infundir miedo para ‘disciplinar’ al gremio; sin embargo, advirtió, «ni el miedo, ni la persecución, ni el abuso del poder nos van a silenciar. ¡No más agresiones. Alto ya. Basta ya!».
Demandas del Foro Nacional de Comunicadores
- El cese inmediato de la criminalización del periodismo.
- El respeto pleno a la libertad de expresión y al derecho a la información.
- El cumplimiento estricto de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
«Hoy más que nunca la unidad del gremio es una forma de resistencia y la palabra libre es una herramienta de democracia».