Onésimo López López*
La reciente reforma del Poder Judicial en nuestro país ha encendido un debate intenso y necesario. El objetivo central de esta iniciativa es erradicar la corrupción endémica, el nepotismo y las prácticas opacas que, durante décadas, han minado la credibilidad de esta institución, por lo que, no solo es un esfuerzo loable, sino urgente.
En un país donde el acceso a la justicia ha sido históricamente lento e inequitativo, y en muchos casos reservado a quienes tienen recursos o influencias, la necesidad de “limpiar” y fortalecer uno de los pilares de nuestra democracia es innegable.
Sin embargo, la reforma plantea una renovación masiva de jueces y magistrados, acompañada de procesos de selección que pretenden abrir el sistema a nuevos perfiles, y es aquí donde radica el meollo de la controversia: sustituir a gran parte del personal judicial sin una valoración exhaustiva de su experiencia y formación podría traer consigo consecuencias graves, como reemplazar un sistema desigual y corrupto por uno inexperto e improvisado.
La labor judicial requiere integridad ética, además de un profundo dominio técnico y experiencia práctica, ya que un juez que desconoce los procedimientos o carece de una trayectoria sólida puede retrasar procesos, dictar resoluciones erróneas y generar aún más desconfianza ciudadana; por esta razón, aunque las reformas resultan necesarias, llevarlas a cabo sin una planeación cuidadosa, implica el riesgo de agravar los problemas que se pretendían solucionar.
La construcción de un Poder Judicial fuerte, independiente y eficiente exige mecanismos meritocráticos y transparentes de selección, así como capacitación constante para quienes ejercen la delicada tarea de impartir justicia, pues la verdadera transformación no se alcanza con medidas precipitadas sino mediante una política pública sostenida que logre equilibrar integridad y competencia profesional.
Como ciudadanos no debemos ser espectadores pasivos, pues nuestro papel es vigilar, exigir rendición de cuentas y participar activamente en el debate público, ya que solo así podremos garantizar que el Poder Judicial responda verdaderamente a las necesidades del pueblo y se consolide como garante de los derechos y libertades que tanto necesitamos; reformar era indispensable, pero hacerlo bien es un desafío que nos concierne a todos.
*Docente de la Universidad Alfred Nobel.
