San Raymundo Jalpan, Oax.- El Congreso de Oaxaca aprobó en sesión extraordinaria, con 30 votos a favor y dos en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución local para armonizarla con la Carta Magna del país.
Fueron reformados la fracción IV del artículo 3, el cuarto párrafo del artículo 35 y la fracción LXX del artículo 59; se adicionó un párrafo segundo a la fracción II del artículo 3; y se derogó el apartado C del artículo 114 de la Constitución oaxaqueña.
Por lo anterior, quedó extinto el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO), creado mediante decreto 2473 el 14 de abril de 2021, publicado en el Periódico Oficial Extra el 1 de junio de 2021.
De esta forma se armonizó el marco normativo vigente en la materia, en cumplimiento a la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024, mediante la cual se determinó la extinción de organismos garantes de la transparencia, permitiendo con ello un nuevo modelo y un ahorro presupuestal a favor de la hacienda pública.
Para tal fin se integrarán unidades administrativas en las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) que asuman la competencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Los recursos financieros que correspondan a la OGAIPO, una vez terminada su extinción, serán transferidos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y ésta a su vez los transferirá a la entidad o dependencia que asuma las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Los derechos laborales de las y los servidores públicos serán respetados en su totalidad en los términos de la legislación aplicable, así como también conforme a las modalidades laborales a las que estén sujetos con el órgano garante.
Los diputados Dulce Belén Uribe Mendoza y Israel López Sánchez de Morena, coincidieron en que esta reforma representa una reingeniería institucional, busca reducir las cargas administrativas y económicas innecesarias para el erario público, además de tratarse de un compromiso renovado con la rendición de cuentas y racionalidad financiera para maximizar su utilidad social en políticas públicas.
Los congresistas Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano, y el priista Javier Casique Zárate externaron su voto en contra de la reforma.
