Crónicas de la ínsula/ Cuauhtémoc Blas
En la ilegalidad funciona la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), desde julio del año pasado, al culminar el periodo del anterior Consejo Ciudadano (CC) de la misma. Dicho Consejo, de seis miembros, de acuerdo a la Ley que rige a esa Defensoría, es la columna vertebral de la misma.
A casi un año sin nombrar al nuevo Consejo, la DDHPO se torna solo en un ente burocrático carente de legalidad y de legitimidad. ¿Cómo puede haber tal institución si no hay Consejo? Nombrado cada seis años, dicho CC tiene una función clave establecida en la Ley, artículo 27:
l. Establecer las políticas y criterios generales de actuación de la Defensoría;
II. Aprobar el reglamento interno de la Defensoría y sus reformas, así como los manuales de organización, de procedimiento y de servicios al público;
IV. Revisar para su aprobación el Presupuesto que enviará al Congreso del Estado;
VI. Nombrar a la o el titular de la Contraloría Interna de la Defensoría.
DECISIONES AL MARGEN DE LA LEY
Esas son solo algunas de sus atribuciones. Pero si hace casi un año que no existe, ¿quién toma esas decisiones fuera de la ley? Pues las toma la consejera presidenta Elizabeth Lara Rodríguez. Ella está obligada a presentar puntos esenciales al CC, como los siguientes:
“Someter a consulta del Consejo Ciudadano el Programa Anual de Trabajo; dar a conocer al Consejo Ciudadano los informes y proyectos de recomendación; presentar un informe mensual ante el Consejo Ciudadano, conforme a los lineamientos del reglamento interno”.
Nunca en la historia, desde que era Comisión de Derechos Humanos, se había dado tal atropello. Pero el Congreso local ha aprobado el presupuesto de la institución en plena informalidad, sin ser revisado por el CC.
El Congreso es cómplice de estas ilegalidades, pues es el encargado de nombrar al CC, a propuesta de la sociedad civil. Claro, tampoco la DDHPO ha solicitado dichos nombramientos.
DDHPO, SIN TITULAR DE CONTRALORÍA INTERNA
La inexistencia de CC ha impedido que se nombre formalmente al titular de la Contraloría Interna de la Defensoría, algo de singular importancia para la cuasi institución. Cuasi porque es claro el quebranto de la institucionalidad. Tampoco se ha nombrado al titular de la Dirección Administrativa.
Se cubren esas áreas con “encargados”, con los que, de paso, se hacen ahorros que, ¿a dónde se van? Salen más baratos, pero afectan demasiado a la Defensoría. Sin la Contraloría Interna no pueden detectar las ineficiencias de los departamentos y direcciones.
Quizá por lo anterior no se percatan que uno de sus defensores anda abiertamente en campaña para ingresar al Poder Judicial federal: Jose Antonio Álvarez.
El obsoleto sistema informático de quejas y el nulo sistema informático de capacitaciones genera deficiencias estadísticas para la formulación de informes. Esto porque, al llegar a la titularidad de la Defensoría, Lara Rodríguez despidió al personal que durante décadas había ido construyendo un sistema estadístico eficaz.
DESPIDOS PARA CONTRATAR EQUIPO DE SOLALINDE
Al destruir ese sistema informático, no hay control de las quejas y de los procesos formativos y de capacitación en general. No hay un diseño de políticas públicas para la importante capacitación de sus propios funcionarios, pero también de autoridades estatales y municipales, y organizaciones ciudadanas.
El nuevo e improvisado personal apenas se auxilia con hojas de Excel cuando ya había procesos sofisticados eficientes. Todo para darle empleo al equipo de donde proviene Lara, el del cura Alejandro Solalinde, beneficiarios de un rosario de arbitrariedades.
Despidieron a decenas de funcionarios, violando sus derechos de todo tipo, laborales al no pagar lo justo por sus despidos, hasta humanos al echarlos sin ninguna consideración.
Y todas estas arbitrariedades e ilegalidades las realiza quien debiera defender los derechos humanos de los oaxaqueños. Eso presumió ayer en su segundo informe Elizabeth Lara Rodríguez.
A todo esto, llama la atención el silencio de los sempiternos dirigentes de las prósperas ONG’s de Oaxaca, como la famosa EDUCA S. A., tan puntillosa en otras partes. ¿No se han percatado de una DDHPO espuria?
