Crónicas de la ínsula/ Cuauhtémoc Blas
El conflicto entre el Gobierno y su burocracia ilustra el gran problema de Oaxaca: la falta de desarrollo de sus fuerzas productivas, ausencia de industria, de producción agrícola, de manufacturas y, por ello, escasez de empleos.
El 60.4 por ciento de la economía estatal se despliega en el sector terciario o de servicios. En este sector entran servicios como educación, comercio, transporte, gubernamentales, profesionales, financieros; así como de hospedaje, alimentos y bebidas.
Estos últimos son de la actividad turística, pero la proporción del PIB de turismo es de apenas el 1.8 por ciento del 60.4 del sector, poco significativo, pero magnificado. La mayor parte, un 50 por ciento de este sector, está en los gobiernos federal, estatal y municipales (Inegi, 2020). Son estos los principales empleadores, incluyendo al magisterio.
Con lo poco que pagan hoteleros y restauranteros no es extraño que la gente busque emplearse como sea en la burocracia. La única opción es salir a otros estados o a Estados Unidos. La mitad de los nacidos oaxaqueños han emigrado, unos cuatro millones.
GOBIERNO, PRINCIPAL EMPLEADOR
Buena parte de la economía estatal se mueve con los salarios puestos a circular del magisterio y burócratas de todo tipo. Algunos de categoría alta, mandos medios y superiores, los que compran autos, casas, acuden a restaurantes, quienes ganan bien y saquean mejor. Otros al menos compran en los mercados, tiendas, fondas.
Hemos escrito que la virtud del magisterio es su millonaria derrama en nuestro depauperado mercado, recursos que llegan a la entidad, por cierto, de la federación, igual que los de los burócratas federales.
Pero también con recursos federales pagan a la burocracia de los gobiernos estatal y municipales, del Ramo 28 y las transferencias. No olvidar que estamos sostenidos por la federación, con el 97 por ciento de los ingresos de Oaxaca que vienen de allá.
Podemos decir, también, que la virtud de nuestros ineficientes gobiernos es la derrama de recursos a miles de sus empleados que contribuyen con su consumo a sostener la economía.
Si no hay obras, si prevalecen la opacidad y el nepotismo, si nada nos asegura que esos dineros “ahorrados” tendrán buen destino, ¿para qué quitárselos a cientos de familias?
Un escritor contó que quiso escribir sobre un personaje de la burocracia en México, quien con su honestidad desataría una serie de desgracias afectando a muchos. No hizo la narración, quizá para no parecer que hacía apología de lo torcido, pero nos remite a la versión de una cultura corrupta nacional. No toda la cultura, pero parte de ella sí lo es.
COMPRA-VENTA DE PLAZAS: TRADICIÓN
En 1976 una plaza de Pemex costaba 80 mil pesos (un vocho 60 mil). Los padres de familia hacían ahorros o vendían sus terrenos para dejarle a sus hijos ese patrimonio. La plaza de maestros costaba eso mismo ya entrado los años 2000. La de burócratas igual. Hoy deben ser más caras. Sin resquemor, el orgulloso padre presumía en las reuniones: ya le compré a mi hijo su plaza.
Esta práctica se volvió normal, por eso en estos días de conflicto alguien declaró a los medios que compró la plaza y demandará a quien se la vendió; otra persona narró cómo acudía a limpiar la casa del “director”, ganándose con mucho trabajo dicha plaza.
En economía hay el concepto de “acumulación originaria de capital”; por estos lares hay quienes recibieron riquezas luego de una “corrupción originaria de capital”, pero ahora orondos condenan a quienes se encuentran en esta situación.
Claro que sería bueno acabar con estas prácticas ilegales, responsabilidad de todos los actores, primero del gobierno que entrega los nombramientos; del sindicato que los gestiona y del beneficiado que paga. Pero no puede despedirse de un plumazo a mil 344 con un ilegal decreto emitido a toda prisa por los diputados levanta dedos.
El 50 por ciento ya fue reinstalado, pero faltan los principales, los que fueron injustamente incluidos en la primera lista, con 20 o 30 años de antigüedad legítima, además de madres solteras y personas discapacitadas.
Los señalados tendrían que ser sometidos a juicio, que les permitieran declarar y ser vencidos en dicho juicio para retirarles su plaza, de acuerdo a la Ley. Nada de eso se dio; por ello no hay duda de que si los jueces no prevarican la mayoría ganará sus amparos.
LOS GRANDES CAMBIOS NO SON ABRUPTOS
¿No que las escaleras se barren de arriba hacia abajo? Habría qué seguir las sugerencias de Viri Ríos: eliminar a quienes se enriquecen con el sobrecosto de las obras públicas; evitar que los ricos evadan 50 por ciento más impuestos que los pobres y que no sean las mismas empresas las beneficiadas con la obra pública. Ahí sí que se ahorraría mucho dinero.
Es desventajoso desconocer la historia de la administración pública de este país, donde el gobernador, además de ser el legislador real al controlar el Congreso, reparte la totalidad de los puestos públicos, “con la excepción de algunos funcionarios de base bajo la protección de sindicatos corporativos de burócratas” (Romero, Jorge Javier. Los gobernadores).
Hasta los más autoritarios gobernadores del pasado, que ni de lejos querían hacer cambios para mejorar Oaxaca sino llevarse todo lo que pudieran, se atrevieron a romper esa regla del sistema político mexicano. La excepción fue el desprevenido Ulises Ruiz, quien sin plan ni estrategia se metió en camisa de once varas con el magisterio en 2006. Como no tienen idea de cómo resolver los problemas, solo agitan y violentan dañando a la entidad severamente como en ese año fatídico.
Los cambios importantes no pueden ser abruptos, menos cuando el asunto no es sólo jurídico sino sobre todo social, cultural, económico, de sobrevivencia y de arraigados usos y costumbres. Y mucho menos cuando solo se quiere cambiar a los otros y el cambiador no cambia.
