Ciudad de México.- La Cámara de Diputados federal aprobó en lo general la extinción de siete órganos autónomos cuyo presupuesto conjunto será destinado ahora al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
De esta forma desaparecen a la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Asimismo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).
Por mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, fue aprobado el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución mexicana para desaparecer tales organismos.
Las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo máximo de 90 días naturales contados a partir de la expedición de la legislación a la que alude el Artículo Segundo Transitorio para armonizar su marco jurídico en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, conforme a este decreto.
Una vez que entre en vigor la legislación a la que hace referencia el artículo segundo transitorio, se entenderán extintos los entes públicos a los que hace referencia el decreto.
Los actos jurídicos emitidos por la CFCE, el IFC, el INAI, los organismos garantes de las entidades federativas, la CNH y la CRE, con anterioridad a que entre en vigor la legislación secundaria, surtirán todos sus efectos legales.
Los recursos materiales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos de los entes públicos que se extinguen pasarán a formar parte de las dependencias del Ejecutivo federal o al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, según corresponda, en los términos del decreto y de la legislación secundaria que al efecto se emita.
Los comisionados del IFT, de la CFCE, de la CRE, de la CNH, del INAI y de los organismos garantes de las entidades federativas, que a la entrada en vigor del presente decreto continúen en su encargo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a la que aluden los artículos segundo y cuarto transitorios, respectivamente, salvo aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente.
Los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, el cual modifica los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución mexicana, deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de este año por el entonces presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, así como de diversas iniciativas conexas de diputadas y diputados.
Centralizarán funciones
La panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, expresó que el objetivo es reestructurar la administración pública en México, promoviendo un modelo que priorice la eficiencia, la austeridad y la buena administración, mediante la medicación de varios artículos de la Constitución.
Las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación serán transferidas a la Secretaría de Educación Pública.
Respecto a la transparencia y protección de datos, relató, la responsabilidad pasará a la Secretaría de la Función Pública y otros órganos internos. La medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas, sociales y laborales que pertenecían al Coneval se integrarán al INEGI.
López Rabadán comentó que los transitorios de la reforma establecen plazos para la implementación de estos cambios; por ejemplo, el Congreso deberá ajustar las leyes en un plazo de 90 días naturales y las legislaturas estatales tendrán 90 días adicionales para la armonización.
Además, dijo, los ahorros de la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y los recursos humanos y materiales de las entidades que se extingan serán transferidos a las instituciones responsables, y se respetarán los derechos laborales de los servidores públicos afectados.
