Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su «grave preocupación» por la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial en México, al considerar que afecta la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del estado de derecho.
En un comunicado el organismo informó que viene dando seguimiento al proceso legislativo sobre la reforma judicial remitida por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión el 5 de febrero y aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y por el Senado el 11 de septiembre.
La reforma prevé el cese de autoridades judiciales en fases, entre 2025 y 2007, para dar paso a una elección popular de todos los jueces, magistradas y ministros del país.
«Lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial», indicó la CIDH, con base en reportes de organizaciones civiles, expertos y operadores de justicia.
Asimismo advirtió que la reforma «no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país».
Ante esta situación la CIDH consideró que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros.
«Una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo, y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana», planteó.
Ello con el fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos, añadió.
La CIDH abundó que una reforma del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia,como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas.
Respecto a las medidas de preservación de la identidad de los jueces en casos relacionados con delincuencia organizada, denominado por el sistema interamericano como «jueces sin rostro», la CIDH recordó que su uso ha sido declarado contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos.
De igual forma advirtió que la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podría comprometer su independencia, así como la falta de garantías del debido proceso en el régimen disciplinario.
Refirió que, si bien el Estado informó que entre el 21 de febrero y el 18 de abril llevó a cabo una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma, la celeridad en su tramitación impide considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas.
«En este mismo contexto, preocupan las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma».
En su informe sobre Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, la CIDH indica que un proceso adecuado de nombramiento y selección es esencial para garantizar la independencia de los operadores de justicia, y debe garantizar el principio de igualdad y no discriminación.
Para ello se deben establecer criterios de selección con base en el mérito y capacidades profesionales y calificaciones jurídicas apropiadas; realizarlos en el marco de procesos públicos y transparentes; garantizar la igualdad de género en el acceso a la carrera judicial; y determinar mandatos con una duración de tiempo definido y suficiente.
En esa línea, los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia.
Política sobre justicia, advierte Relatora
La Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, manifestó su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos.
Por ejemplo, indicó, las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de jueces, y advirtió los riesgos en la estabilidad del cargo, así como afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura.
Por todo ello la CIDH insta a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.
Además, frente a la conflictividad y las protestas públicas, exhorta a garantizar instancias de diálogo real, que aseguren la participación de todos los sectores interesados.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
