Ciudad de México.- La organización civil Artículo 19 presentó el informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información denominado Derechos Pendientes, en el que advierte un incremento de 62 por ciento de agresiones contra la prensa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al anterior de Enrique Peña Nieto.
Durante la presentación, en el Centro Cultural España, el director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, advirtió que el país se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de esfuerzos para atender aspectos apremiantes de la agenda nacional de derechos humanos.
Derechos pendientes: informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en 🇲🇽 https://t.co/T3hJ4aghck
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 9, 2024
«El informe busca arrojar luz sobre los desafíos para la libertad de expresión que se mantienen vigentes, como la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad», dijo.
Asimismo observó que, ante la llegada de un nuevo gobierno, que ha dado señales de apertura, es fundamental entablar un diálogo respetuoso y objetivo sobre el deterioro que ha sufrido la agenda de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión de 2018 a la fecha.
Como ejemplo de que la colaboración entre sociedad civil y gobierno puede generar dinámicas virtuosas, el informe destaca que dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) se generaron espacios, como el grupo de trabajo para la mejora del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que permitieron un diálogo político y técnico en la mejora de dicha instancia.
Violencia contra la prensa al alza
En la parte medular de Derechos Pendientes, Artículo 19 expuso que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se registraron tres mil 408 agresiones contra la prensa, de las cuales 561 fueron en 2023 –una agresión cada 14 horas en promedio en los últimos seis años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos–.
El total representa un incremento del 62.13 por ciento en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El informe también destaca que las agresiones en línea representaron uno de cada tres ataques durante el sexenio, siendo el Estado mexicano el principal agresor de la prensa, con mil 559 casos registrados (45.75 por ciento del total).
A nivel nacional Artículo 19 registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados de la República; no obstante, los mayores índices de violencia se registraron en la Ciudad de México (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199).
Artículo 19 también compartió que durante el sexenio se registraron 179 agresiones en las conferencias mañaneras del Presidente. E identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con calificativos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.
La organización destacó que el Gobierno federal mantiene una estrategia de control de líneas editoriales a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el gobierno de López Obrador, los primeros diez concentraron 47.08% de los recursos.
La política del olvido
El informe de Artículo 19 también expone las preocupaciones que existen en torno a la crisis de personas desaparecidas en el país, así como la política de reducción de cifras sobre el tema.
Según reportes retomados por la organización, del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron 44 mil 73 personas desaparecidas. Esto significa que más del 40 por ciento del total de las desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el actual gobierno de López Obrador.
En estos seis años un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora. A esto se suma que en 2023 el Presidente anunció la realización del Censo Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la Segob, institución que no cuenta con las facultades de Ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país.
Esta Secretaría presentó entre sus resultados que de las 110 mil 964 personas desaparecidas solo 12 mil 377 estaban confirmadas como tal, pues las otras entraban en categorías como “no hay información para la búsqueda”, “carecen de datos para la identificación”, “personas ubicadas” y “personas localizadas”.
En el mismo sentido el informe señala, que pese a la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2018 y la insistencia de diversos colectivos y personas para acelerar la colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, la apertura del Gobierno ha sido mínima.
Control estatal del espacio digital
Derechos Pendientes también da seguimiento al ejercicio de los derechos digitales en México, ámbito fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas.
Al respecto, la organización denunció que, a pesar de declarar en diciembre de 2018 que ya no había espionaje, la administración de AMLO continuó con la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto por la investigación de “Ejército espía”, en la que se detectó la utilización del sistema Pegasus contra defensores de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual.
A estas acciones se suman reformas abiertamente violatorias a los derechos de libertad de expresión y de privacidad, como el llamado mecanismo de “aviso y retirada” en la Ley Federal de Derechos de Autor.
De igual forma, el informe identificó un retroceso en el acceso de la población mexicana a dispositivos e internet. Las cifras más recientes muestran que solo 43.8 por ciento de los hogares cuentan con computadoras, situación preocupante al hacer una comparación con el 44.9 por ciento reportado en 2015.
En un contexto nacional en el que impera la falta de servicios básicos, el derecho de acceso a internet se ha convertido en un privilegio para la población en situación de pobreza, pues el gasto para contar con este servicio representa el 8.6 por ciento de su ingreso mensual, convirtiéndolo en un privilegio que profundiza la desigualdad.
Erosión institucional
El informe también señala el retroceso que ha habido en términos de institucionalidad. A lo largo del sexenio —hasta un corte en mayo de 2024— se concretaron 65 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave, de un total de 96 designaciones que tuvieron que hacerse por ley.
Esta situación tuvo particular impacto en términos de acceso a la información, a través de la parálisis a la que la mayoría de la bancada oficialista (Morena, PT y PVEM) en el Senado sometió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior se enmarca en una estrategia de debilitamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos, representada también en la inacción de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que, de las mil 726 indagaciones abiertas desde su creación a abril de 2024, sólo se reportan 187 sentencias y otras formas de resolución en favor de las víctimas. Ello da por resultado impunidad en 89.17 por ciento de los casos de violencia contra la prensa.
