Ciudad de México.- La Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos llevó a cabo este viernes su 21 sesión ordinaria en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La reunión fue encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, quien estuvo acompañado por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Froylán Vladimir Enciso Higuera, en calidad de secretario técnico de la Comisión Intersecretarial.
El objetivo de este órgano colegiado es definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas, a través de la vinculación interinstitucional en todo el país.
El subsecretario Arturo Medina Padilla reiteró que el compromiso del Gobierno de México es erradicar la trata de personas, a partir de la generación e implementación de políticas con enfoque de derechos humanos.
Resaltó la importancia del trabajo interinstitucional e intersectorial que se ha llevado a cabo durante la presente administración, y llamó a continuar con los esfuerzos para terminar con este flagelo que atenta contra la dignidad humana.
Durante la sesión se trataron temas como el programa anual de trabajo de la comisión y la elección de la coordinación de su subcomisión consultiva para 2024, así como el contenido de un curso de capacitación para personal servidor público de los tres órdenes de gobierno y la supervisión de nuevos proyectos con impacto nacional, entre otros.
Asimismo planteó que existe una sólida agenda que permite dar continuidad a las acciones de prevención, atención, investigación y procuración de justicia.
A la mesa de trabajo asistieron servidores públicos de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Relaciones Exteriores (SRE), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Salud, del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Bienestar, de Educación Pública (SEP) y de Turismo (Sectur), del sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y del Instituto Nacional de Migración (INM).
Así como de la Fiscalía General de la República (FGR) e integrantes de distintos órdenes de gobierno, organismos públicos de defensa de derechos humanos, fiscalías especializadas en materia de trata de personas, representantes de sociedad civil, organismos internacionales y personas expertas académicas.
