Oaxaca de Juárez, Oax.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el miércoles, por unanimidad de votos, el acuerdo de medidas cautelares dictado por la Contraloría del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para separar temporalmente del cargo de consejera presidenta a Elizabeth Sánchez González.
En consecuencia, Sánchez González se reincorporó este jueves a los trabajos del Proceso Electoral 2023-2024, y se reunió con los titulares de las Vocalías de la Junta Local Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) e integrantes del Consejo General del IEEPCO para evaluar avances.
La controversia inició cuando la Contraloría del IEEPCO decretó la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de Sánchez González como consejera presidenta, con motivo del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Se le acusaba del presunto desvío de más de 19 millones de pesos.
En desacuerdo con esa determinación, la Secretaría Ejecutiva del INE y la propia consejera presidenta afectada, Sánchez González, acudieron a la Sala Superior del TEPJF, con el argumento de que la Contraloría carece de facultades para determinar la suspensión decretada.
El pleno, en sesión pública presencial, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, quien por causa justificada estuvo ausente –por una comisión oficial en la que se encontraba representando al TEPJF– revocó el acuerdo de suspensión de la consejera presidenta, así como el acuerdo por el que se designó a una presidencia provisional, debido a que, conforme a la normatividad aplicable, únicamente el Consejo General del INE puede nombrar y remover a las consejerías de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES), de ahí que determinar su suspensión en el ejercicio del cargo de manera indefinida era un equivalente a separarla de éste en pleno desarrollo del proceso electoral local.
Por último, se dejaron a salvo los derechos de la consejera presidenta para que ejerza las acciones que considere pertinentes en relación con los posibles actos de violencia política de género cometidos en su perjuicio.
