La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la operación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción creado vía rápida por el Congreso de Oaxaca, en sustitución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO), al que el gobernador Salomón Jara Cruz calificó de corrupto.
La Corte admitió la controversia constitucional que el magistrado Javier Martín Villanueva Hernández interpuso contra la eliminación del TJAO, realizada en sesión extraordinaria por el Congreso oaxaqueño, el pasado sábado 22 de julio.
La Comisión de Receso de la Corte, integrada por los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concedió la suspensión del decreto que sustituye al TJAO por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, para que los magistrados del primero sigan en el cargo que les fue conferido y sean sustituidos por las personas nombradas por los diputados oaxaqueños el mismo sábado 22 de julio, no se dé curso a su indemnización y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
Los magistrados que habían sido destituidos por los diputados de Oaxaca y que ahora son reivindicados por la Corte son: Manuel Velasco Alcántara, Elías Cortés López, Gloria del Carmen Camacho Meza y Paulo Tapia Palacios; además de Abraham Santiago Soriano, de la Primera Sala Unitaria; Javier Martín Villanueva Hernández, de la Segunda Sala Unitaria y quien promovió la controversia constitucional; y Tania Ramos Martínez, de la Tercera Sala.
También Alejandra Georgina Villacaña Abascal, de la Cuarta Sala; Virginia Hernández Hernández, de la Quinta Sala; Carmela Gaspar Martínez, de la Sexta Sala; y Eduardo Calvo Ziga, de la Sala Especializada.
Asimismo se pretende que los oaxaqueños cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias con la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita.
Además el Congreso debe abstenerse de asignar el presupuesto que ordena el decreto cuestionado y publicado por el gobernador Jara Cruz.
La Corte analiza si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo constitucional y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en la Carta Magna.
