La comunidad de El Cacahuatal, en el municipio de San Lucas Ojitlan, se encuentra en estado de alerta tras el enfrentamiento del pasado sábado 10 de junio entre pobladores adheridos a las organizaciones Unión Rural Chinanteca (Urchi) y el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), que terminó con tres personas muertas durante la disputa por un predio federal.
A pesar de las denuncias ciudadanas, que avisan de la presencia de hombres armados presuntamente patrocinados por el presidente municipal morenista Isidro Ortega Silva, líder de la URCHI, para el coordinador de paz en Tuxtepec Roberto Flores Espinoza, todo se encuentra en calma, con la comunidad resguardada por la Guardia Nacional.
El coordinador explicó a EL UNIVERSAL que el conflicto se generó por la invasión de un predio propiedad del esposo de la expresidenta municipal Alicia Moreno Pereda (Morena) -pero que al mismo tiempo es federal-, en el que intervinieron dos grupos: el que está con el presidente actual Isidro Ortega Silva (Morena) y el otro en apoyo a la expresidenta con personas adheridas al Codeci.
Un viejo conflicto
De acuerdo a los pobladores, la problemática creció en marzo cuando habitantes del El Cacahuatal cortaron las plantas de maíz de la población del Yucatán, alrededor de 40 hectáreas que se usaban para la siembra.
En ese momento demandaron la intervención de las autoridades estatales al comisariado ejidal, pero no hubo respuesta de la Vicefiscalía de Tuxtepec. Los pobladores de la comunidad se Yucatán tienen 30 años sembrando en el espacio y argumentan que dicho predio no tenía dueño, pero ahora es reclamado por habitantes de El Cacahuatal como parte de su ejido, por lo que solicitaron la intervención del Registro Agrario Nacional (RAN), sin que tampoco hubiera respuesta.
“El terreno antes pertenecía a una familia de la comunidad del Yucatán, pero con la construcción de la presa Cerro de Oro fueron indemnizados por el gobierno federal por esa área; sin embargo, la propietaria repartió sus bienes siendo terreno de la Comisión Nacional del Agua”, precisó la fuente comunitaria.
Señalaron que uno de los familiares vendió el terreno al esposo de la expresidenta municipal de Ojitlán, y comenzó a trabajar en el espacio, mientras que la población del Yucatán ocupó un área aledaña para trabajar.
Omisión del gobierno
El coordinador regional puntualizó que el enfrentamiento se pudo evitar si las autoridades hubieran atendido el caso en su momento. Mencionó, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de San Lucas Ojitlán no se atendió el tema.
Previo al enfrentamiento, el gobierno de Oaxaca había establecido un diálogo con los grupos involucrados; sin embargo, el comisariado ejidal Antonio Carredanos Morales, quien también es juez municipal, no respetó los acuerdos y se generó la violencia.
“Se había hecho una mesa de trabajo y se acordó que se iban a dar 15 días después de establecer la negociación, pero no se pudo tener la reunión por los hechos suscitados”, puntualizó el represente oficial. Los fallecidos eran del Codeci, familiares acusan al presidente de Ojitlán.
Los familiares de los fallecidos, adheridos al Codeci, presentaron una denuncia en la Vicefiscalía contra quienes resulten responsables. Antes de interponer la acusación llevaron los cuerpos frente al palacio municipal y responsabilizaron al presidente Isidro Ortega del ataque.
Gaudencio Torres Pereda, dirigente del Codeci, sostuvo vía telefónica que desde hace más de un año comenzaron los problemas y por parte de la organización brindan el apoyo a través de los abogados al grupo de pobladores de El Cacahuatal que fueron amenazados con ser expulsados de la comunidad por oponerse a las decisiones del grupo que representa el comisario.
“El comisariado los estaba sometiendo mediante asamblea a hacer faenas en una zona federal donde ya no les incumbe porque es área de Conagua y por esa negativa recibieron amenazas que fueron cumplidas el día que les quitaron el agua y la luz a por lo menos 25 familias», puntualizó.
Enfatizó que los pobladores temen ser expulsados de la comunidad porque no quieren apoyar al comisariado; sin embargo, se negaron a intervenir en el enfrentamiento que se suscitó tras confrontarse parte de los pobladores de El Cacahuatal con los del Yucatán.
El objetivo: proteger a Isidro Ortega
Tanto el secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Iván García Álvarez, como el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, responsabilizan al líder del Codeci Gaudencio Torres Pereda de los hechos violentos; sin embargo, no mencionan en sus conferencias en ningún momento a Isidro Ortega Silva, presidente municipal y líder de la URCHI, a quien los familiares de los asesinados responsabilizan como el orquestador del ataque.
Esto se debe, según los pobladores consultados, a que Ortega Silva ha sido por varios años operador de Morena y promotor del actual gobernador Salomón Jara desde su época como senador de la República, además de que es uno de los aspirantes por ese partido a la diputación local por el Distrito 03 de Loma Bonita.
Apenas el 2 de diciembre pasado Ortega Silva se vio envuelto en un escándalo. De acuerdo a medios de comunicación de Loma Bonita, el presidente de Ojitlán fue el encargado de operar el acarreo de lomabonitenses para nutrir el primer evento masivo de Salomón Jara como gobernador del estado, celebrado en el Auditorio Guelaguetza el 1 de diciembre.
El autobús, presuntamente patrocinado por Ortega Silva, se precipitó a un barranco en la carretera federal 175, en el tramo Tuxtepec-Oaxaca, con un saldo de tres personas fallecidas y 38 lesionadas.
